La historia demuestra que las naciones y regiones que han experimentado un desarrollo significativo han sido aquellas en las que el sector público y el empresarial se han unido y compartido responsabilidades y objetivos.
El Programa de Alimentación Escolar PAE, ha sido pensado y enfocado hacía la protección y garantía de los derechos fundamentales a la educación y a la alimentación de los niños y adolescentes priorizados en instituciones oficiales y como una estrategia de acceso y permanencia en el sistema educativo.
Sin embargo, a pesar de la importancia del programa, el municipio de Girón no logró garantizar el suministro de alimentos de manera ininterrumpida, debido a falencias en la planeación del proceso contractual.
El contrato que se venía ejecutando desde el 2022, terminó el 9 de mayo de 2023, luego de haberse suscrito varios contratos adicionales, mientras se surtían los trámites para contratar el nuevo operador.
Inicialmente, el pasado mes de marzo, la Alcaldía publicó una licitación, la cual recibió diversas observaciones por parte de veedurías e interesados. Ante esto, la Alcaldía de Girón decidió no continuar con el proceso y fue descartado. Posteriormente, se inició el proceso contractual a través de la bolsa mercantil de Colombia, cuyo trámite concluirá el 29 de mayo con una rueda de negocios donde se definirá el operador del programa.
Así pues, son 20 días transcurridos sin contrato para el suministro del PAE. Ahora bien, una vez se elija el operador, existe un periodo de alistamiento de 10 días, en los cuales tampoco habrá prestación del servicio, pues es el lapso necesario para la debida preparación logística.
Es importante recordar que, en muchos casos, el PAE es precisamente, la principal fuente de nutrientes diaria para cientos de estudiantes beneficiarios, por lo tanto, es de suma importancia que sea un servicio ininterrumpido y de calidad.
Y por eso, esta situación, representa no solo una violación al deber de planeación, como uno de los más importantes principios en la administración pública, sino que también, implica una afectación directa a los derechos de los menores beneficiarios.
En consecuencia, la inobservancia del deber de planeación en la contratación pública, trae como consecuencia que los servicios, bienes u obras, no se realicen conforme a las necesidades reales que se pretenden satisfacer, en este caso, la prestación del servicio de alimentación escolar de manera oportuna, continua y bajo los lineamientos dispuestos por el Ministerio de Educación, para garantizar el suministro del complemento alimentario diario que aporta un porcentaje importante de calorías y nutrientes necesarios para el desarrollo físico y mental de los menores beneficiados, según su grupo etario.
Lea también
Publicidad
