La misma urgencia, otra vez

En una columna anterior informábamos sobre la contratación que se surtía en la alcaldía de Bucaramanga en el pasado mes de marzo, con el fin de realizar la construcción y canalización de cauces, de las quebradas La Flora y la Iglesia parte alta, por un valor de 40 mil millones de pesos, de manera directa, es decir, sin el trámite que una licitación implica, bajo el amparo de una Declaración de Calamidad Pública en noviembre de 2022.

Además de la falta de inmediatez de esta contratación, para la atención de una situación “urgente” que se conoce desde hace más de 7 años, y después de haber transcurrido 4 meses desde la declaratoria de calamidad, se cuestionaba la utilización de estudios técnicos desactualizados y sin la debida aprobación para su uso.

Pues bien, la administración municipal, desistió de suscribir tal contrato en ese momento.

Sin embargo, el 31 de marzo, la secretaría de infraestructura de la alcaldía de Bucaramanga, inició nuevamente el trámite para contratar directamente la mencionada obra. En esta oportunidad, invitó a presentar propuesta, a una persona natural, un ingeniero civil de la ciudad de Cali, quien efectivamente realizó oferta y suscribió contrato como integrante de un Consorcio.

Dos de los integrantes de este Consorcio, con participación del 50% y 40% respectivamente, tienen en curso un proceso de responsabilidad fiscal, por un presunto daño que asciende a 1.300 millones de pesos y cuyo afectado sería el Departamento de Putumayo, por defectos en la calidad de una obra de infraestructura contratada en el 2015.

Se aclara que no se conoce aún el fallo del proceso surtido en la Contraloría, razón por la cual se reservan los nombres por respeto al principio de presunción de inocencia.

¿Acaso no hubiese sido prudente que una obra de tal importancia se hubiese tramitado a través de un proceso de licitación pública en el cual se pudiese comparar ofertas y elegir la mejor? ¿Acaso no sería más transparente abrir la posibilidad para la contratación de empresas locales también? Sobre todo, teniendo en cuenta que desde la declaratoria de calamidad pública que ampara la decisión de contratar directamente, han transcurrido cinco meses, tiempo suficiente para el desarrollo de un proceso de licitación, y teniendo en cuenta también, que la “urgencia” se conoce desde el 2015.