viernes 28 de enero de 2022 - 12:00 AM

Nueva ley de transparencia

en ausencia de herramientas que garanticen un proceso de denuncia segura, se reducen las posibilidades de obtener esa valiosa información en la lucha contra la corrupción y crean un clima propicio para el fomento de la impunidad.

Iniciamos el año con la expedición de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.

En esta nueva ley se incorporan disposiciones importantes que buscan sancionar administrativamente a las personas jurídicas, cuando alguno de sus administradores o funcionarios sea condenado por actos en contra de la administración pública, cuando se beneficien de tales actos o cuando por su acción u omisión, se permitieron conductas corruptas.

Entre otras cosas, la ley crea el sistema de detección y alerta temprana para combatir el incremento patrimonial injustificado por parte de servidores públicos y conocer a los beneficiarios finales de los contratos.

Un elemento destacable, es la obligatoriedad de publicación en secop II de los procesos contractuales que adelanten las entidades que manejan recursos públicos pero que no se encuentran regidas por la ley 80, con el fin de lograr mayor transparencia en el desarrollo de su gestión contractual, teniendo en cuenta que tales entidades, históricamente, han resaltado por numerosos escándalos de corrupción.

En el ámbito privado, se busca incluir programas de transparencia y ética empresarial (PTEE), con miras a fortalecer la prevención de delitos como el soborno transnacional, cuyo control estará a cargo de los respectivos entes de vigilancia, y en el sector público, se promueve la autogestión del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo.

Sin embargo, es lamentable que se haya eliminado de esta ley el capítulo concerniente a la adopción de medidas de protección al denunciante, teniendo en consideración, que un gran porcentaje de las investigaciones en casos de corrupción se dan por cuenta de las denuncias que realizan veedores, medios de comunicación y particulares interesados en la correcta ejecución de los recursos públicos. Por tanto, en ausencia de herramientas que garanticen un proceso de denuncia segura, se reducen las posibilidades de obtener esa valiosa información en la lucha contra la corrupción y crean un clima propicio para el fomento de la impunidad.

La lucha contra la corrupción debe ir más allá de la expedición de leyes, se requiere también, un seguimiento estricto a su cumplimiento y acciones judiciales efectivas que permitan disminuir el índice de impunidad que alimenta y perpetúa la corrupción en el país y que resquebraja la confianza ciudadana en la justicia y la democracia.

Marcela pabón
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