Nuestros deportistas merecen un aplauso cerrado por su presentación en los Juegos Nacionales y todos los torneos a los que asisten, porque logran vencer a sus rivales en las pistas de competición, y también la irresponsabilidad e incompetencia de nuestra dirigencia.
La Alcaldía de Bucaramanga ha hecho oídos sordos a los cuestionamientos sobre la forma como se están contratando en la ciudad las obras de mitigación en las zonas afectadas por las lluvias.
Como se recordará, la administración del ingeniero Cárdenas contrató de manera directa, amparándose en la Declaratoria de Calamidad Pública expedida en noviembre de 2022, las obras de canalización de las quebradas La Flora y La Iglesia, por un valor de $40 mil millones, despertando serios cuestionamientos por la falta de inmediatez de la actuación de la Alcaldía en esta situación denominada como “urgente”.
De tal manera, transcurrieron cinco meses desde la declaratoria de calamidad pública hasta la firma del contrato para mitigar la urgencia.
Las denuncias sobre este caso particular llevaron a la apertura de una indagación previa por parte de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga.
A pesar de ello, la administración municipal continúa contratando más obras de mitigación y estabilización de manera directa, esta vez para el barrio Gaitán, por un valor de $16.600 millones, y para los sectores La Gloria, Nazareth y Pablo VI, con un presupuesto de $64.800 millones.
La contratación de estas obras se encuentra bajo el marco de Gestión del Riesgo, caso en el cual la ley no exige cursar un proceso de licitación ni ningún otro trámite del Estatuto General de Contratación Pública, pues se entiende que, al ser una calamidad, es imperativa una rápida intervención de las autoridades, sin que pueda ser posible esperar el trámite de un proceso contractual para atender la emergencia.
Sin embargo, el foco de las críticas a estos procesos radica en que, teniendo en cuenta la magnitud y el cuantioso presupuesto asignado para cada uno de estos proyectos de infraestructura, se pretenda, bajo el amparo del mecanismo de declaratoria de calamidad pública, adjudicar contratos “a dedo”, cuando evidentemente ha existido el tiempo suficiente para realizar un trámite contractual que permita la recepción plural de ofertas, con la posibilidad de la comparación objetiva de las mismas y la selección de la mejor opción para la satisfacción de la necesidad identificada por la administración.
La Alcaldía de Cárdenas ha desatendido las observaciones al respecto e insiste en la contratación de millonarios proyectos de manera directa, dejando un velo de dudas en torno a la tan proclamada transparencia de la gestión municipal, muy especialmente en este último año de gobierno.
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