miércoles 29 de junio de 2022 - 12:00 AM

Retos por la Transparencia

La corrupción, como uno de los grandes problemas del país, influye de manera directa en el aumento de las condiciones de desigualdad social, frena el desarrollo regional y cercena la confianza en las instituciones. Las graves repercusiones económicas y sociales que conlleva el flagelo de la corrupción lo convierten en un desafío importante que debe enfrentar el primer mandatario y su equipo de gobierno.

Las dinámicas corruptas en el país históricamente han tenido como protagonistas no solo a funcionarios públicos, sino que, además, han involucrado la participación de redes de actores privados que ejercen presiones indebidas desde afuera del aparato estatal en beneficio de intereses particulares y por ello, el abordaje de esta problemática debe continuar haciéndose desde una perspectiva integral del sector público y privado.

Por la complejidad que reviste atacar las múltiples causas del fenómeno de la corrupción, es importante en primer lugar, tener claridad sobre los principales ámbitos en los cuales se desarrollan los entramados de actos corruptos en el país.

En primer término, el sistema electoral ha sido identificado como un caldo de cultivo para la corrupción. La financiación de campañas por particulares aumenta el riesgo de futuros favorecimientos ilegales, generando un engranaje corrupto que se perpetúa indefinidamente y conlleva el abuso del poder público en favorecimiento de unos pocos.

Por otra parte, la administración de justicia y las funciones de los organismos de control son también un área vulnerable al desarrollo de dinámicas poco transparentes, en la medida en que existan interferencias en la independencia y la objetividad que debe regir el actuar de estas entidades, a cambio de sobornos y dádivas, en detrimento del debido proceso.

Así mismo, el sistema de compras públicas también ha sido históricamente aprovechado como el mecanismo más efectivo para pagar favores electorales y para desviar recursos públicos con el fin de lograr un enriquecimiento de privados o funcionarios públicos, lo cual desfinancia la inversión social e impide el desarrollo social y económico de los territorios.

En este particular, se han expedido diversas normas anticorrupción, sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer y será necesario que el nuevo gobierno defina una política pública anticorrupción fuerte y articulada con los mandatarios locales, y no menos importante, implementar estrategias efectivas que disminuyan los índices de impunidad, que a la postre, se convierte en el motor que mantiene activo el fenómeno de la corrupción.

marcela pabón
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