A propósito de las últimas noticias sobre las investigaciones en contra del exgobernador Richard Aguilar y el congresista Edwin Ballesteros por presuntos actos de corrupción en contratación pública, vale la pena conocer los aspectos relevantes a tener en cuenta en la revisión y el control social de los procesos contractuales, indicativos de posibles riesgos de corrupción.
Dentro de la vigilancia y el control ciudadano a la contratación pública, se han identificado elementos comunes presentes en los procesos contractuales que terminan siendo cuestionados o denunciados por prácticas corruptas, entre las cuales se encuentran:
Deficiencias en la Publicidad. Todas las actuaciones contractuales de las entidades públicas deben ser publicadas de manera oportuna, suficiente, clara, veraz y actualizada, con el fin de tener la posibilidad de hacerse un control social en tiempo real, con acceso a toda la información relevante. En este aspecto, el uso del SECOP II, ha mejorado notablemente el cumplimento del principio de publicidad, como quiera que se trata de una plataforma transaccional y asegura la trazabilidad de cada una de las actuaciones.
Por otra parte, en los procesos contractuales, es importante verificar las condiciones de participación de los proponentes y evaluación de las ofertas, las cuales deben obedecer a criterios objetivos que impidan el favorecimiento de uno o pocos participantes, garantizando la libre concurrencia de interesados y la selección de la mejor oferta en términos de calidad e idoneidad.
En estos requisitos, es precisamente donde se materializan los denominados “pliegos sastre” que contienen exigencias tan específicas o singulares que parecen hechos a la medida de quien se quiere beneficiar con la adjudicación del contrato. Tal es el caso de la contratación del reforzamiento del estadio Alfonso López, por un valor superior a los $24 mil millones de pesos, por el cual se investiga al exgobernador Aguilar, en el cual, según declaraciones de la Secretaria de Infraestructura de la época, se ajustaron los pliegos licitatorios, para favorecer al contratista que a la postre, efectivamente se ganó el jugoso contrato y a quien se le exigió una coima presuntamente de 1.500 millones.
El crecimiento del flagelo de la corrupción exige entonces, el fortalecimiento del control ciudadano a la contratación pública y demanda también, celeridad y eficacia a los entes de control, para la determinación de las responsabilidades y la imposición de las condenas a que haya lugar.
