domingo 22 de mayo de 2022 - 12:00 AM

Única propuesta

De 11 procesos revisados para la construcción de vivienda rural, nueve de ellos tuvieron solo una propuesta participante y de los dos procesos restantes, uno fue declarado desierto.

En Santander, desde el 2021, varios municipios han tramitado sendos procesos de contratación para la construcción de vivienda rural, con cuantías aproximadas de 1.800 millones de pesos, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta zona.

Sin embargo, revisados los procesos contractuales, se evidenció un patrón de comportamiento que llama poderosamente la atención. En primer término, las observaciones a los pliegos de condiciones versaron sobre temas muy similares, las cuales en la mayoría de las ocasiones no fueron de recibo para las entidades contratantes.

De 11 procesos revisados para la construcción de vivienda rural, nueve de ellos tuvieron solo una propuesta participante y de los dos procesos restantes, uno fue declarado desierto.

Sobre este particular, es importante mencionar que, aunque la ley no prohíbe la adjudicación de licitaciones públicas cuando solo se ha presentado una propuesta, la presencia de único oferente ha sido históricamente un indicador de procesos con bajas garantías para la participación en igualdad de condiciones y en consecuencia, sugiere posibles fallas en la aplicación de los principios de transparencia y selección objetiva.

De acuerdo con un estudio realizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en el cual se entrevistaron a posibles oferentes en contratación pública, los encuestados expresaron que la percepción del sector empresarial es que los procesos terminan en un único proponente habilitado, debido a manipulación de los respectivos pliegos para beneficiar a un particular. Es decir, cuando existen requisitos de difícil cumplimiento, o que no corresponden a la realidad del sector, las probabilidades y el interés por participar en procesos contractuales, es bajo o nulo.

Esto, además de impedir la sana competencia en procesos públicos de contratación, también cercena la posibilidad de las entidades públicas contratantes de contar con un abanico de opciones de donde se pueda escoger la mejor propuesta que beneficie los intereses públicos.

Por tanto, es importante insistir, en el cumplimiento de la obligación que recae en las entidades que manejan recursos públicos, de asegurar las condiciones de libre concurrencia, igualdad y transparencia en los procesos contractuales, imprescindibles para crear el clima de confianza para que las empresas interesadas, puedan ofrecer unas mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad, incidiendo directamente en un mayor beneficio en la satisfacción de las necesidades públicas.

MARCELA PABÓN
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