domingo 20 de octubre de 2019 - 12:00 AM

Malas prácticas

Los gobernantes no se quieren autoreformar, los candidatos no quieren cambiar la forma de hacer política
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En las últimas semanas la Procuraduría General citó a juicio disciplinario al alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramirez, y al secretario general, José Juan Lechuga, por presuntas irregularidades cometidas en el proceso de contratación para el mejoramiento de la Plaza Alfonso López por más de $8.300 millones.

La Procuraduría considera que se violó el principio de transparencia y la selección objetiva de contratistas, pues en los pliegos de condiciones se plantearon en la experiencia requisitos restrictivos de participación, al exigir cantidades detalladas de obra y materiales específicos. Esta práctica indebida sancionada en Valledupar es muy común en Santander. Lamentablemente sobre este tema no se han generado sanciones importantes de los entes de control para las entidades públicas infractoras.

Además, el ente de control consideró que el alcalde tenía la obligación de ejercer control y vigilancia a la etapa precontractual e impedir que su secretario general incluyera requisitos que impedían un ambiente de libre competencia. Esta desatención elemental de deberes del mandatario es un hecho también muy común en nuestra región.

Ejemplo de lo expuesto, puedo mencionar un proceso licitatorio adelantado recientemente en el Páramo- Santander, para contratar por mas de $1.582 millones la rehabilitación de vías urbanas perimetrales del municipio. Lamentablemente de manera descarada incluyen exigencias específicas que lesionan gravemente la libre competencia y contradicen abiertamente la obligación que tienen de contratar con el modelo de pliego tipo.

El caso ocurrido en Valledupar constituye un llamado de atención para alcaldes y gobernadores, candidatos y futuros gobernantes, para tener especial atención en sus procesos de contratación y evitar de esta manera la ocurrencia de prácticas ilegales determinadas para confeccionar los amarres en los “pliegos sastre”. Es su obligación impedir esas actuaciones, aunque estas prácticas puedan llegar a ser poco convenientes para favorecer a sus “amigos” o “financiadores”.

Todavía falta mucho para lograr mejores garantías y oportunidades en la contratación en la mayoría de municipios en Santander. Los gobernantes no se quieren autoreformar, los candidatos no quieren cambiar la forma de hacer política y esto se ve reflejado en la falta de transparencia en la contratación pública en nuestro departamento.

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