Son múltiples los desafíos que ha enfrentado Colombia a lo largo de la historia, y que han limitado el desarrollo y las oportunidades para todo un país. Uno de los más nocivos y destructivos ha sido, sin duda, la corrupción, que ha permeado todas las esferas sociales y ha menguado la confianza ciudadana en casi todas las instituciones.
En buena parte de nuestra sociedad, lamentablemente, ha hecho carrera “la viveza”, justificada con la sobrevivencia y con que el fin justifica los medios; el camino de lo “ventajoso”, aplaudido o al menos tolerado por la mayoría; la típica y detestable manía de saltarse la fila, no importa a quién nos llevemos por delante, y que denota una sociedad en la que el interés individual pisotea el general y el incumplimiento de las reglas es parte de las costumbres sociales. ¡Este es el inicio de la corrupción y deriva en comportamientos a mayor escala, que afectan a toda la Nación!
Por esta razón, uno de nuestros objetivos como Gobierno ha sido cortar de raíz esta “malicia” o “avivatez” y contrarrestarla con una cultura de la integridad y la legalidad. Siempre he creído que el trabajar enfocados en cerrar espacios a la corrupción mediante más transparencia, genera un círculo virtuoso de prevención, sin descuidar la sanción. Fue así como estructuramos hace varios años los elementos fundamentales del Proyecto de Ley que se enriqueció con los aportes de varias entidades de la Comisión de Moralización y la Secretaría de Transparencia, y es hoy la Ley de Prevención y Lucha contra la Corrupción que pasa a sanción del presidente Iván Duque. Indiscutiblemente fue un acierto la presentación de un proyecto unificado con el concurso de 25 entidades entre estatales, del sector privado, la academia y la sociedad civil, que integran la Comisión de Moralización.
El texto del proyecto tiene tres grandes pilares: i) prevención y pedagogía ii) sanción, y iii) fortalecimiento institucional; agrupados en 11 capítulos y 69 artículos. También reúne iniciativas legislativas, que fueron archivadas, cumple con recomendaciones de organismos internacionales, ataca falencias legales y busca empoderar y dotar a las autoridades anticorrupción.
La iniciativa dispone programas de transparencia y ética pública y privada, que permitan tener esquemas de autorregulación y control de los riesgos de corrupción, con un alto componente de pedagogía. Así mismo, se institucionaliza la figura de los contralores estudiantiles que promuevan la rendición de cuentas, la participación democrática, la transparencia, y se insta a universidades y colegios a fomentar, de manera transversal, las habilidades necesarias para formar ciudadanos íntegros, que hagan control social.
También, se destaca la creación de un régimen sancionatorio a las empresas por la comisión de actos de corrupción por parte de sus representantes, directivos o funcionarios. ¡Y no sólo eso! Esta iniciativa conlleva la obligatoriedad de desarrollar actividades de debida diligencia para identificar a los beneficiarios finales, y dejar de lado las actitudes cómplices frente a la corrupción.
De ahora en adelante, servidores públicos y sector privado deben ser corresponsables de esta lucha. En los contratos estatales se deberá llevar una contabilidad transparente, clara e individualizada de cada proyecto a través de centros de costos. De igual manera, se consagra la posibilidad de que los jueces apliquen multas, destinadas a la reparación de las víctimas de actos de corrupción. Por último, trae más herramientas para reforzar la vigilancia e imponer sanciones a quienes incumplan los contratos del Programa de Alimentación Escolar – PAE.
El mensaje es claro: ¡No más tolerancia con la corrupción!, no más opacidad; los ciudadanos deben conocer en qué se invierten los recursos, qué se decide en el Estado y a quiénes benefician las decisiones. Estamos en la obligación de mejorar nuestra democracia desde adentro y de fortalecer la institucionalidad, reconociendo debilidades y fallas para lograr más confianza ciudadana y la mejor versión de Colombia: un país íntegro, transparente y decidido a cortar cualquier asomo de corrupción que quiera afectar nuestro desarrollo.
