domingo 27 de diciembre de 2009 - 10:00 AM

Crónica de una emergencia anunciada

Esta no es época del año para andar escribiendo de los problemas que aquejan el servicio de salud para millones de colombianos, sino que las columnas de opinión deberían estar dedicadas a villancicos, novenas y aguinaldos, o a los recurrentes propósitos del año nuevo, que casi nunca se cumplen. Lo que pasa es que la improvisación del gobierno lo llevó a decretar una Emergencia Social la víspera de Navidad, disque para resolver problemas sobrevinientes del sector salud.

Que la salud de los colombianos está en cuidados intensivos, nadie lo discute. Que el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) atraviesa una profunda crisis y necesita una reestructuración total, tampoco. Pero no se trata de enfermedades nuevas, ni mucho menos de hechos sobrevinientes, sino de síntomas que fueron diagnosticados hace muchos años, y de remedios que han debido adoptarse mediante leyes discutidas en el Congreso desde hace tiempo en lugar de esperar a que el SGSSS estuviera a punto de colapsar. Colombia dedica una enorme cantidad de recursos al gasto en salud: casi 40 billones de pesos que equivalen a cerca del 8% del PIB, que es mucho más que lo que gastan otros países de similar grado de desarrollo. Sin embargo, nadie está contento con el funcionamiento del sistema de salud.

Los pacientes se quejan por las demoras en la atención y por la necesidad de acudir a tutelas para que las EPS les autoricen tratamientos que necesitan. Las IPS (hospitales y clínicas)  se quejan porque tanto el Estado como las EPS privadas se demoran en cancelar las cuentas pendientes, lo que tiene a muchas de ellas al borde de la quiebra.

Las EPS, por su parte, se quejan de que el valor de las cuotas de afiliación que reciben no es suficiente para cubrir los gastos médicos que demandan los pacientes, además de que  cada vez tiene que cubrir más tratamientos no incluidos en el POS, que en teoría son cubiertos por el FOSYGA, pero con meses de retraso, lo que también las pone en graves dificultades financieras. Y el Gobierno también se queja porque el número de afiliados al régimen subsidiado es el triple de lo previsto, por lo cual los recursos asignados a la salud son insuficientes ante la creciente demanda. En una palabra el SGSSS no está funcionando.

Ante esta situación de crisis evidente, es lógico que el gobierno tome medidas para tratar de solucionarla. Lo que es cuestionable desde todo punto de vista es el cuando y el cómo de las medidas adoptadas.

Es inexplicable que el gobierno se haya demorado años en empezar a adoptar soluciones para la salud. Las asociaciones de clínicas y hospitales llevan años pidiendo solución a sus problemas; el gremio de las EPS ha insistido muchas veces en la necesidad de la reforma del sistema; Universidades y centros de investigación han hecho multitud de diagnósticos y recomendaciones. Y como si todo esto fuera poco en Julio del 2008 la Corto Constitucional a través de la sentencia T-760 ordenó la reorganización total del SGSSS, incluyendo la revisión del POS, la unificación de los regímenes contributivo y subsidiado, y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y financiamiento de las EPS.

Con todos estos antecedentes es imposible demostrar la aparición de 'hechos sobrevinientes' que son los que justifican la declaratoria de Emergencias Sociales de acuerdo al artículo 215 de la Constitución. Si la Corte Constitucional mantiene su doctrina y su independencia frente al ejecutivo tendrá que tumbar esta Emergencia como lo hizo con intentos similares de gobiernos anteriores.

COLETILLA: Qué diferencia con la reforma de salud del presidente Obama, discutida durante todo un año en el Congreso y aprobada el mismo día de Navidad, con estos decretos de excepción de Uribe dictados cuando ni el Congreso ni la Cortes están abiertos. Otra muestra del talante autoritario y antidemocrático de este gobierno

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