domingo 15 de marzo de 2009 - 10:00 AM

El congreso ante la crisis económica

En los países donde funcionan de verdad las instituciones democráticas, el Congreso es el sitio donde se discuten los grandes problemas del país y se debaten las propuestas para enfrentarlos, es el foro donde se analizan y aprueban las políticas públicas que marcan el sendero de desarrollo de la sociedad.

Por el contrario, en los regímenes caudillistas las grandes decisiones se toman en el sanedrín intimo del caudillo, sin ningún tipo de consulta o participación democrática y el Congreso se utiliza sólo como fachada para legitimar algunas, en realidad muy pocas de esas decisiones y así mantener la ilusión de la democracia.

Estas consideraciones vienen a cuento a propósito de la agenda legislativa que ha anunciado el gobierno para las sesiones del Congreso que empiezan esta semana, y las posiciones fijadas por congresistas de los distintos partidos frente a la misma.

El problema principal, principalísimo, que hoy enfrenta no solo Colombia sino el mundo entero, es la mayor crisis financiera de la historia, que está generando que por primera vez desde 1945 el conjunto de la economía mundial entre en recesión, es decir, que disminuya la producción y el ingreso de todo el mundo, que aumente el desempleo y que se incremente el número de pobres e indigentes.

Ante una crisis de tales proporciones, los mandatarios de los países democráticos están llevando a sus respectivos Congresos propuestas y proyectos de Ley para implementar políticas y planes de acción que les permitan enfrentar la recesión y el desempleo. En su primer mes de gobierno el presidente Obama logró que el Congreso le aprobara una ambiciosa Ley de Estímulos Económicos; en Inglaterra el Primer Ministro Brown tiene que ir cada semana al Parlamento a defender su plan de rescate de los bancos; en México el presidente Calderón también presentó al Congreso un conjunto de propuestas para aumentar la inversión pública y así en muchos países.

En Colombia no sucede nada ni siquiera parecido. De una parte porque el gobierno sigue pensando que estamos blindados frente a la crisis, por lo que no tiene un plan estructurado para hacerle frente y sólo hace anuncios gaseosos (como decir que va a buscar inversionistas árabes) o toma medidas aisladas y puntuales (como bajar las tasas de interés o los créditos para compra de vehículos y electrodomésticos). De otra parte, porque aún en las pocas medidas anunciadas se ha prescindido totalmente de la participación del Congreso.

El menosprecio del gobierno de Uribe por el papel del Congreso es total y raya en la inconstitucionalidad. El caso más reciente es el congelamiento del precio de la gasolina que implica un aumento de los impuestos que pagan los consumidores. Existen argumentos que podrían justificar este impuesto, aún en medio de la desaceleración económica, pero para financiar un aumento de la inversión pública y no para guardarlo. Lo que es ilegal es que se haga por decreto presidencial, pues cualquier cambio en los impuestos debe ser aprobado por el Congreso.

El argumento de que el Congreso no estaba en sesiones es deleznable porque el gobierno puede citar a sesiones extras. Si lo hizo a medianoche para salvar el referendo reeleccionista, ¿por qué no hacerlo para enfrentar la recesión o cambiar los impuestos? La falsedad de este argumento se evidencia todavía más porque en la agenda legislativa de las próximas sesiones no hay incluido ni un solo proyecto de medidas para enfrentar la crisis.

La verdadera explicación es que Uribe sigue convencido de que el crecimiento económico depende solo de la seguridad 'democrática' y la confianza inversionista; por eso quiere convencernos a los colombianos de que la mejor estrategia contra la crisis es aprobar su reelección para continuar con esas políticas.

Mientras los Congresos del resto del mundo discuten cómo salir de la crisis económica, el de Colombia se dedicará a violentar la Constitución para aprobar el referendo reeleccionista.

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