domingo 17 de enero de 2010 - 10:00 AM

Propuestas contra la corrupción

Año nuevo, escándalo de corrupción nuevo. Esta semana fueron dos: el primero, la denuncia de la revista Cambio sobre la vinculación del político uribista presidente del senado, Javier Cáceres, a la red de corrupción montada en Etesa bajo la administración de su recomendada, la también uribista Mery Luz Londoño.

El otro, las declaraciones del zar anticorrupción, quien estima que el año pasado se pagaron casi 4 billones de pesos en sobornos en la adjudicación de contratos oficiales. Ante la contundente evidencia del aumento de la corrupción en los últimos años y la gran frustración que vive el país por el descarado incumplimiento de las promesas de Uribe de luchar contra la corrupción y la politiquería, no hay duda de que este debe ser uno de los temas principales de debate en la actual campaña electoral y una de las prioridades del próximo gobierno. Por supuesto, suponiendo que no se repita el gran acto de corrupción que fue la compra de la primera reelección de Uribe con contratos, notarías, Yidis y Teodolindos.

Las estrategias contra la corrupción generalmente son más reactivas que preventivas, es decir, tratan de descubrir a los corruptos y sancionarlos, pero fracasan ante la astucia de implicados y el alto grado de impunidad que existe en el país. Por eso es necesario buscar medidas que disminuyan los incentivos para apropiarse ilegalmente de los recursos públicos y lo hagan más difícil.

Una de estas estrategias tiene que ver con la reforma política y el régimen electoral porque la forma como se accede a los puestos de representación popular es un gran incentivo para buscar la apropiación de los contratos y presupuestos del sector público. En concreto hay tres cambios que debería proponer el próximo Presidente, suponiendo que tenga la autoridad moral para hacerlo y el liderazgo político para imponerlo a un Congreso que se va a oponer a ellos.

La primera es la eliminación del Voto Preferente y la obligación a los partidos para que adopten mecanismos de democracia interna para la conformación de sus listas de candidatos a las corporaciones públicas. Con el sistema del voto preferente cada cacique político puede ofrecer al mejor postor su cauda de votos amarrados y exigir a cambio de ellos no solo dinero, como era tradicional, sino notarías o cargos como la dirección de Etesa, que le garanticen el control de multimillonarios recursos. Sin voto preferente habría menos compra de votos, porque ningún candidato va a poner su dinero o el de sus contratistas para promover una lista, en lugar de su propia curul.

La segunda es la eliminación de la Circunscripción Nacional en las elecciones de Senado, conservándola únicamente para las minorías. Tener candidatos supuestamente nacionales para el Senado no solo ha dejado a muchos departamentos sin representación, sino que ha encarecido de manera sustancial el costo de las campañas electorales; estos ha incentivado a los candidatos a buscar todo tipo de patrocinios y fuentes de financiación; después para pagar los favores recibidos es necesario echar mano de contratos y cargos públicos. Con listas departamentales no desaparece este problema, pero se reduce.

Finalmente, la prohibición de la reelección inmediata del Presidente y el rechazo definitivo a la propuesta de extender esta reelección a alcaldes y gobernadores. La realidad evidente es que siempre será una fuente de corrupción la posibilidad de que un mandatario nacional o regional tenga la posibilidad de utilizar el presupuesto público para su propio beneficio, que pueda adjudicar contratos y repartir la burocracia oficial para comprar adeptos. En el caso de Uribe la mayoría aceptó este costo por la gran popularidad del Presidente y la necesidad de derrotar a las Farc, pero si fuera un Chávez esa misma mayoría rechazaría toda posibilidad de la reelección.

Mientras haya clientelismo y politiquería la corrupción seguirá creciendo.

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