Desde su entrada en vigencia se aseguraba en el discurso oficial que el sistema penal acusatorio era un sistema de garantías, donde se fortalecía el respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos y se preservaban sus garantías procesales.
En esencia, se decía, resultaba importantísimo restarle poder a la Fiscalía, que investigaba, capturaba, detenía y acusaba sin control judicial alguno, razón por la cual era necesario instituir el juez de control de garantías, para evitar abusos y desafueros del ente investigador. Y en el juicio, con “igualdad de armas”, la Fiscalía y la defensa se enfrentarían ante un juez imparcial.
Mucha retórica aflora en ese discurso, pues en la práctica el sistema acusatorio ha demostrado que es un rotundo fracaso, que no es tan garantista como se anunciaba y que eso de la “igualdad de armas” no es un principio procesal sino un estribillo, en donde casi siempre lleva la peor parte la defensa de los acusados. Y si a eso se agrega la presencia de las víctimas en el proceso penal, con amplios poderes hasta el punto de poder solicitar una medida de aseguramiento, la cosa no pinta bien en materia de garantías.
A veces, como se dice, la defensa no se enfrenta a un acusador sino a tres: la Fiscalía, la víctima y el Ministerio Público representado por los procuradores judiciales.
Pero además de todo, los últimos sucesos han demostrado serias falencias en la preparación y capacitación de algunos funcionarios que son protagónicos en el sistema: la intervención del juez de control de garantías en el sonado caso del escándalo del Mintic, por no decir vergonzosa, es cuando menos lamentable. Parecía por momentos que no entendiera su rol como juez constitucional y que no tuviera el control de la audiencia misma, dejando incluso a criterio del procurador decisiones relevantes para la defensa de los imputados.
Unos imputados, es cierto, cuyos actos de corrupción son censurables y reprochables, pero no por ello deben quedar hundidos en el desprecio judicial. Es mejor detener a los corruptos con sólidas razones jurídicas y no con decisiones improvisadas y que denotan un grave desconocimiento de las garantías procesales. ¡Mal!
APARTE: para cuándo la decisión de la justicia administrativa sobre el tema de las “ciclorrutas”. Es una decisión difícil, pero urge ese pronunciamiento.
