Para solucionar los impedimentos del Fiscal General en los espinosos procesos penales seguidos por el escándalo de corrupción de Odebrecht, el presidente Iván Duque presentó ante la Corte Suprema de Justicia la terna de juristas para que uno de ellos asuma como “fiscal ad hoc”.
Los ternados son todos abogados de reconocidos pergaminos y con hoja de vida intachable, pero llama la atención su escogencia sin que ninguno de ellos ostente la condición de abogado penalista, calidad trascendente a la hora de asumir el cargo de fiscal como director de una investigación criminal. Y llama la atención también, que una de las escogidas provenga de la huestes de la propia Corte Suprema, lo que seguramente generará varios impedimentos entre sus cercanos colegas.
Es que en el fondo la figura del “fiscal ad hoc” no existe en Colombia o cuando menos no está prevista en la Constitución Política, de manera que carece de cualquier reglamentación legal. Estamos inventando una figura para definir sobre la marcha el tema de los impedimentos del Fiscal General, sin que tengamos claridad alguna sobre la operatividad que le corresponde en la práctica a ese nuevo fiscal.
Valga señalar, por lo menos, que no se sabe cuál sería la planta operativa del “fiscal ad hoc”, cuáles serían sus fiscales auxiliares ni quiénes sus investigadores judiciales, porque si esos funcionarios provienen de la misma Fiscalía General de la Nación, dependientes del fiscal Néstor Humberto Martínez, de nada serviría hablar de autonomía, independencia e imparcialidad, por la sola designación de un jurista con el nombre de “fiscal ad hoc”. ¡Cambiar de nombre para que nada cambie!
Con razón el procurador Carrillo no habló de “fiscal ad hoc”, sino de una “fiscalía ad hoc”, o sea una nueva plantilla de fiscales e investigadores para que acompañen al nuevo fiscal en el caso de Odebrecht, pero pensar en esa sola idea de una fiscalía paralela ya de por sí complica las cosas, entre otras razones porque tampoco hay regulación legal al respecto. ¡Grave!
