El “retorcido” contrato del Hospital de Málaga

Ha sido motivo de fuertes críticas y serios cuestionamientos el proceso contractual llevado a cabo recientemente en el Hospital Regional de García Rovira con sede en Málaga, destinado a la adecuación y ampliación de su estructura física por la suma de $64.000 millones.

La resolución que abrió la convocatoria pública se expidió el 25 de julio de este año y el plazo para la presentación de las ofertas vencía el 27 de julio, es decir, apenas dos días para radicar una exigente propuesta, en contravía de los principios de libre concurrencia y selección objetiva y obvio, restringiendo de paso la pluralidad de oferentes.

Y así fue. Sólo se presentó un único oferente, el “Consorcio de García Rovira”, a quien por supuesto le fue adjudicado el contrato. Un contrato que claramente fue diseñado para que se lo ganara el único proponente, en esa turbia y torcida manguala entre la avidez de la autoridad pública y el oportunismo del contratista funesto.

Para ello el señor gerente del Hospital, José Luis Medina, se valió de un régimen especial de contratación, lo cual de ninguna manera lo autoriza para desconocer los principios generales de la contratación estatal. Pero con la excusa del régimen especial y de utilizar su propio estatuto de contratación, una y otra vez los inescrupulosos burlan la ley y se burlan de toda una región.

Otro contrato con único oferente, otro contrato con “pliegos sastre”, otro contrato torcido, o mejor, “retorcido”, en medio de la podredumbre que reina en la contratación pública del departamento. Y por allá todos campantes, contratante y contratista, seguramente en espera de iniciar la repartija. ¡Escandaloso!

El ingeniero Rodrigo Fernández, experto en temas de contratación, fue el primero en advertir las irregularidades de ese proceso contractual, encontrando eco después en las páginas de este periódico. Y esta semana la dirección jurídica del Ministerio de Salud, entidad que financió la inversión, le pidió a la Procuraduría el inicio de investigación en contra del gerente y la suspensión inmediata de la convocatoria, en defensa de la moralidad pública.

Ya todos quedaron advertidos. Ojalá los organismos de control actúen y eviten el despilfarro y la dilapidación de los recursos del Estado en procesos de contratación turbios, carentes de transparencia. ¡Las alarmas están encendidas!