En otra época el titular de esta columna invitaría a pensar que se produjo una nueva condena en contra de un miembro de un cartel de narcotraficantes, el “cartel de Medellín”, por ejemplo. Pero no, esta semana se produjo otra condena en contra de un miembro de un cartel sinigual, el mismísimo “cartel de la toga”.
Camilo Tarquino, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, fue condenado en primera instancia a seis años de cárcel como miembro del “cartel de la toga”, ese grupo de presumidos juristas que negociaba y vendía fallos desde las más altas esferas del poder judicial en Colombia. Prevalidos de su condición de magistrados o ejerciendo sus influencias después de retirados, los sátrapas vilipendiaron la justicia hasta que fueron denunciados por su compinche, el exfiscal Luis Gustavo Moreno.
En el fondo, gracias a la captura de Moreno pudieron conocerse las delictivas actuaciones de Francisco Ricaurte, José Leónidas Bustos, Gustavo Malo y Camilo Tarquino, con la coautoría o complicidad de magistrados auxiliares y otros funcionarios de baja estofa. Todos han sido condenados, excepto Bustos, quien actualmente huye de la justicia. ¡Espantoso!
Esos magistrados, otrora homenajeados, aplaudidos y venerados por áulicos y zalameros, terminaron envileciendo la justicia con sus actuaciones prevaricadoras, por sus afanes de poder y sus podridas ambiciones económicas. Negociaron fallos, los vendieron al mejor postor y traficaron con su propia jurisprudencia. Un episodio que no debe olvidarse en este país para que no vuelva a repetirse, aun cuando sabemos que se repite con frecuencia.
Porque el “cartel de la toga” no es solo un cartel exclusivo de Ricaurte, Malo, Bustos y Tarquino. También se descubrió un cartel en la Corte Constitucional, el de la revisión de tutelas, con Jorge Pretelt a la cabeza; y han sido tristemente famosos los casos de corrupción judicial en los Tribunales Superiores de Villavicencio y Cúcuta, entre otros. ¡Penoso!
Todas estas condenas penales contra magistrados delincuentes deben servir como ejemplo y llamado de alerta a las nuevas generaciones de juristas. No basta con llegar a la colegiatura, recibir halagos y reconocimientos, y hacerse llamar “magistrados”. Es necesario honrar esa dignidad, obrar con honestidad y administrar justicia con sabiduría y recto criterio.
La administración judicial tiene muchos “ídolos de barro”. Camilo Tarquino es uno de ellos y también sus otros amigos magistrados que están en la cárcel. ¡Qué vileza!
