domingo 26 de enero de 2020 - 12:00 AM

“Plantón” de defensores públicos

No es la primera vez que en Colombia se denuncia la incómoda y paupérrima condición de los defensores públicos en el marco del sistema penal acusatorio
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El pasado martes se realizó un “plantón” de defensores públicos en diferentes seccionales del país, otra vez para protestar por las precarias condiciones laborales a las que están sometidos estos profesionales del derecho por cuenta de la propia institución, el sistema judicial y el Gobierno Nacional.

Con ocasión de esa protesta pudimos conocer que los defensores públicos no habían recibido siquiera sus honorarios del mes de diciembre, o sea que llevaban dos meses sin pago, y que sus condiciones de trabajo cada día son peores, no existiendo equidad alguna entre la carga laboral y la remuneración percibida. Su vinculación es por contrato de prestación de servicios, pagan ellos mismos su seguridad social e incluso en ocasiones deben asumir gastos procesales derivados de sus actuaciones ante la justicia.

Un defensor público en materia penal, por ejemplo, acumula en la actualidad alrededor de 120 procesos activos, lo que se traduce en la asistencia a cuatro o cinco audiencias diarias, más los turnos de disponibilidad, la atención a los usuarios y la rendición de informes. Y obvio, la preparación misma de las audiencias para garantizar un adecuado ejercicio de defensa. Con todo y eso, ni siquiera les pagan cumplidamente. ¡Lamentable!

No es la primera vez que en Colombia se denuncia la incómoda y paupérrima condición de los defensores públicos en el marco del sistema penal acusatorio, ni tampoco es la primera vez que escribimos sobre esto. En realidad, este problema lleva años y se ha vuelto insostenible, y exige a estas alturas una reforma estructural que permita cambiar el modelo laboral y otorgue a los defensores, cuando menos, una posición de igualdad frente a fiscales y procuradores como sujetos intervinientes dentro del proceso penal.

Y para rematar, los defensores públicos son víctimas cada día más de la tiranía de algunos jueces inconsecuentes, quienes ignorando la pesada carga laboral, no reparan en la compulsación de copias disciplinarias porque el defensor no pudo asistir cumplidamente a una audiencia. ¡Absurdo!

Es hora que el Gobierno y el Congreso se ocupen de una reforma al sistema de defensoría pública. Algo así como convertir a los defensores en funcionarios públicos de carrera, remunerarlos bien y fortalecer el aparato investigativo de la defensoría. ¡Por ahí se puede empezar!

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