viernes 05 de enero de 2018 - 12:01 AM

Un decreto de tutela preocupante

Finalizando el mes de noviembre del año pasado el Ministerio de Justicia expidió el Decreto 1983 de 2017, por medio del cual se modifican algunos artículos relacionados con las reglas de reparto de la acción de tutela contra las autoridades públicas y los particulares.

Cualquiera podría decir que es un decreto más, nuevas normas que modifican las anteriores, en fin, otro poco de artículos que regulan la tutela y listo. Pero todo parece indicar que el asunto no es tan sencillo, pues más allá de ajustar las reglas del reparto de tutelas lo que en realidad se definió en el decreto fue la competencia de los despachos judiciales para conocer de las mismas.

Es así como de ahora en adelante, por ejemplo, las acciones de tutela que se interpongan contra una entidad pública del orden departamental serán de conocimiento de los Jueces Municipales, y las que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional serán repartidas a los Jueces del Circuito.

Esto significa que cualquier Juez Municipal podrá decidir asuntos del gobierno departamental, algo así como que el juez de un pueblo tumbe por vía de tutela decisiones del Gobernador de un departamento. O también, que un Juez del Circuito decida por tutela asuntos del orden nacional provenientes del Congreso de la República, de un Ministerio, de las propias Fuerzas Armadas o de las Agencias Nacionales, por solo citar algunas entidades.

Asuntos del orden nacional que por su trascendencia e interés público antes eran examinados en tutela por los Tribunales Superiores o Administrativos, con segunda instancia de las altas Cortes, ahora serán dirimidos por un solo funcionario, el Juez del Circuito, tal como lo decida en su inmensa sabiduría o su pálpito judicial. ¡Un cambio para empeorar, sin duda!

Ya el exministro Luis Felipe Henao prendió las alarmas sobre ese asunto en una columna del periódico “El Tiempo” que tal vez pasó inadvertida por estas festividades.

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