domingo 05 de enero de 2020 - 12:00 AM

Una ley de fin de año

En materia penal, el condenado por corrupción ya no tendrá derecho a la prisión domiciliaria cuando cumpla la mitad de la condena
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El pasado 30 de diciembre se sancionó por el Presidente de la República la Ley 2014 de 2019, “por medio de la cual se regulan las sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la administración pública”, y además se modifica la ley de contratación estatal permitiendo la cesión unilateral del contrato por actos corruptos.

Una ley de fin de año para atender en parte las proclamas de la consulta anticorrupción, particularmente cuando se trata de casos en donde se produce sentencia condenatoria por los denominados delitos administrativos. Se limitan beneficios para los condenados y se extiende la inhabilidad para contratar con el Estado.

En materia penal, el condenado por corrupción ya no tendrá derecho a la prisión domiciliaria cuando cumpla la mitad de la condena, lo que significa que tendrá que cumplir toda la pena en el centro de reclusión. ¡Venganza pura! Pero debe aclararse que la nueva ley no se refiere a la detención domiciliaria por delitos contra la administración pública, lo cual implica que pervive la detención en la residencia del imputado aun cuando se trate de un punible de corrupción.

También la ley incluye una norma confusa referente a la “reclusión en casos especiales”, indicando que si el delito es cometido por servidores públicos de elección popular o por funcionarios con fuero, entre otros, la detención y la condena se pueden llevar a cabo en establecimientos especiales. Pero a su vez, un parágrafo de esa norma excluye de esa reclusión especial a los servidores o exservidores públicos condenados por casos de corrupción, señalando que deben ser recluidos en pabellones especiales pero dentro de la cárcel. ¡Todo un galimatías!

Y se introduce la inhabilidad para contratar de carácter “permanente” para las personas condenadas por delitos contra la administración estatal y conductas contempladas en tratados anticorrupción. El caso es que la norma sigue señalando que esa inhabilidad procederá “preventivamente” así esté pendiente la apelación de la sentencia condenatoria, quedando en entredicho una vez más la protección constitucional del principio de “presunción de inocencia”.

Habrá discusión para rato y habrá que esperar el examen de la ley por parte de la Corte Constitucional. ¡Pendientes!

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