jueves 30 de abril de 2020 - 12:00 AM

Corte Constitucional: ¡salve nuestra agua! (II)

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Una de las variopintas formas de corrupción sería aprovechar la coyuntura del Covid-19 para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgue licencias ambientales para la explotación minera, a manera de patente de corso a proyectos mineros por encima de las bocatomas del acueducto metropolitano, devastando nuestro páramo y en detrimento de nuestra agua.

Jairo Puente Brugés y este colaborador, Rodríguez-Salah, hemos insistido en los medios hasta la saciedad, que esos proyectos mineros de marras son inviables e indefendibles pues transgredirían normas como las Leyes 99 (1993) y 1252 (2008); los Decretos 2372 y 3930 (2010), inclusive las Sentencias C-035 (2016) y T-361 (2017) de la Corte Constitucional.

Ahora, las pretendidas audiencias públicas ambientales no presenciales (virtuales), en los procesos de licenciamiento ambiental denota un claro favorecimiento de los intereses mineros y una franca vulneración del derecho a la participación ambiental: la accesibilidad, componente fundamental del derecho citado, se vería gravemente afectada, pues un segmento importante de las comunidades que se afectarían por los proyectos mineros, no tienen acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

Los procesos de la nueva delimitación de Santurbán a cargo del Minambiente, primero, y el trámite de licencias ambientales a cargo de la ANLA, segundo, son interdependientes.

El llamado es nuevamente a la Corte Constitucional ante gravísimo vacío de la T-361 pues la alta Corte no exigió a la ANLA no otorgar ni tramitar licencias ambientales para la explotación hasta que no esté en firme la nueva delimitación de Santurbán exigida por la providencia en mención, y dejó Santurbán, a manera de ratón cuidando el queso, en manos de la delimitación de la Resolución 2090 (2014) -el engaño más grande en la historia ambiental del país plasmado en forma de Resolución acomodaticia minera- vigente hasta que el Ministerio de Ambiente expida la nueva.

La Corte Constitucional dictó, erróneamente, que para no dejar desprotegido el páramo mientras el Minambiente expide la nueva delimitación, seguiría vigente la 2090, con sus gravísimos vacíos técnico-científicos como la carencia de los estudios hidrológicos e hidrogeológicos que exigimos los accionantes (T-361).

Ahora, ¿la corrupción ambiental se viste de Covid-19?

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