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Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana
Lunes 07 de febrero de 2022 - 12:00 PM

Cuatro años de desesperanza y muerte

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Según Indepaz, enero del 2022 cierra con 13 líderes asesinados, tres firmantes del Acuerdo de Paz, 13 masacres, 214 homicidios selectivos, 58 atentados con tentativa de homicidio, 25 hostigamientos, 17 desapariciones forzadas y 16 desplazamientos masivos forzados; el teatro de la muerte continua, producto de la incapacidad de entender el país y reconocer los compromisos que el Estado hizo con el Acuerdo de Paz con la guerrilla. Van más de 300 excombatientes que firmaron el Acuerdo asesinados, al incumplir las garantías de seguridad, tal como fue pactado en el Acuerdo de Paz. Para la Corte Constitucional, ese hecho es una situación contraria a la Constitución y a la democracia; una vulneración masiva y constante de derechos fundamentales sobre las garantías de seguridad acordadas. La Corte exige al gobierno cumplir con los compromisos pactados.

En este gobierno, la mediocridad, la arrogancia y el desconocimiento de lo que es nuestro país, los ha llevado a implementar la represión, con un “estatuto de seguridad” y la antidemocracia, con el desmantelamiento del Estado Social de Derecho. El manejo de la protesta social, con más de cien muertos y desapariciones; la corrupción como estilo especial de gobierno que distribuye a diestra y siniestra los recursos públicos para alimentar las ambiciones de congresistas de los partidos tradicionales cooptados y el mal manejo de los recursos de la pandemia, hoy tenemos desigualdad, pobreza y desempleo y un sector productivo desmantelado.

El actual sistema económico ha transformado la vida y el planeta en una simple mercancía, un sistema ambientalmente insostenible y socialmente injusto; pero el gobierno insiste en mantenerse en la línea de entrega de los recursos naturales nuestros a las multinacionales: la implementación del fracking, los nuevos contratos de exploración petrolera y la nueva política que permite la sustracción de áreas de las reservas forestales, nacionales y regionales para el desarrollo de actividades mineras consideradas de utilidad pública e interés social, demuestran su desinterés ante la posibilidad de una degradación ambiental profunda.

El conocimiento de esta realidad, de ese mundo común a todos y que hoy alimenta el pensamiento, nos ayudará a ver la verdad y entender que la vida está en nuestras manos. Hoy más que nunca, podemos todos unidos abrir un espacio a la esperanza y a la consolidación de un sistema democrático que se fundamente en nuestra Constitución.

Luis Álvaro Mejía A.

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