jueves 06 de febrero de 2020 - 12:00 AM

Delimitaciones fracasadas y exprés de nuestros páramos

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Cuando el gobierno Santos delimitó el páramo de Santurbán, mediante la Resolución ministerial 2090 (2014), el entonces ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, afirmó que la metodología utilizada en ese primer proceso de delimitación se replicaría en los demás ecosistemas paramunos del país.

Luego la Sentencia T-361 (2017) declaró viciada dicha delimitación por haber vulnerado el derecho a la participación ambiental de las comunidades afectadas por ella, y exigió una nueva delimitación de Santurbán, proceso aún sin concluir.

Con estos antecedentes, la misma metodología de delimitación aplicada en todos nuestros páramos y la Sentencia T-361, es fácil predecir que las demás 36 delimitaciones están destinadas al fracaso.

El pasado 3 de septiembre, en fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bucaramanga dejó sin efecto la delimitación del páramo del Almorzadero, delimitado mediante Resolución 152 (31/enero/2018), y una semana después, otro fallo de tutela, de un Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá, dejó sin efecto la Resolución 1434 (14/Julio/ 2017) que delimitó el área de páramos Cruz Verde-Sumapaz por considerar, como pasó con la Resolución 2090 de Santurbán, que dicho acto administrativo se expidió sin la participación de los accionantes y demás afectados por la delimitación.

En la práctica, Santos impuso, de hecho, las delimitaciones exprés de páramos sin los estudios científicos suficientes y pertinentes, y el gobierno Duque tiene la misma hoja de ruta de su predecesor:

El Ministerio de Ambiente, ahora en tiempos de Duque, ha solicitado prórrogas muy cortas para expedir la nueva delimitación de Santurbán dejando entrever su voluntad de hacer otra delimitación político-minera, como la de la R. 2090, pues en esos lapsos tan cortos es imposible expedir una delimitación técnico-científica con los estudios hidrológicos e hidrogeológicos que venimos demandando del Estado, y de los cuales la cartera del Ambiente reconoció su inexistencia. Hacerlos implicaría una moratoria minera pero, nefastamente, los gobiernos han subordinado la priorización del agua para las futuras generaciones de colombianos a unas políticas ambiental y minera equivocadas, y a los intereses particulares mineros.

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