El gobierno del pacto histórico de Gustavo Petro ha dado curso a una interesante dinámica regional a partir de la formulación del nuevo plan nacional de desarrollo (ley 152) llamado *Colombia potencia mundial de la vida*, haciéndose visibles importantes expectativas de cambio, en un ambiente propositivo y democrático del sentir regional.
La realidad que vivimos demuestra que los diferentes gobiernos nacionales han desconocido a los territorios del gran Santander y sus provincias en las principales decisiones de inversión nacional, profundizando injustas condiciones de exclusión, desigualdad social y precaria infraestructura vial. Padecemos una relación asimétrica que desconoce los grandes aportes de los Santanderes a la nación colombiana; mencionemos los incontables y valiosos recursos naturales como el petróleo, gas, petroquímica, servicios, ciencia, tributación petrolera de Ecopetrol, producción agrícola, industrial y trabajo.
Sufrimos el recorte presupuestal de regalías al departamento acompañado del silencio cómplice de la clase política tradicional arrodillada a las migajas personales del poder. El desconocimiento al gran Santander de la membresía en la junta directiva de Ecopetrol es una demostración excluyente al territorio que le dio vida a Ecopetrol.
Un tema trascendental para el gran Santander y el país, es el futuro de Ecopetrol y su papel en la transición energética. Ecopetrol está llamada a convertirse en la empresa capaz de gestionar esta transición, fortalecida con autonomía financiera y el manejo soberano de los campos petroleros, hidrocarburos, oleoductos, petroquímica y sus rentas.
La transición lleva a Ecopetrol a ampliar su mandato de industria petrolera, hacia la industria energética, disponiendo de mayores beneficios en su renta con la obligatoriedad de priorizar el fortalecimiento de la canasta energética nacional y la modernización de la refinería de Barrancabermeja garantizando producción de combustibles y energías limpias. Es estratégico recuperar la renta energética que está en manos de las transnacionales; eliminar las exenciones tributarias a las multinacionales que giran a sus arcas alrededor de 22 billones de pesos anuales.
Esencial una política en torno al derecho al agua potable y la energía como derechos fundamentales y complementarios para el consumo humano.
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