jueves 30 de julio de 2020 - 12:00 AM

¿El aparato estatal al servicio de Minesa?

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Polémica causaron las declaraciones descontextualizadas de la viceministra de Minas, Carolina Rojas, al desconocer la inviabilidad, empezando por lo legal, de los proyectos de megaminería por encima de las bocatomas de nuestro acueducto metropolitano.

El Ministerio de Ambiente, en cumplimiento de la Sentencia T-361 (2017), busca concertar una nueva delimitación de Santurbán exprés político-minera, sin estudios hidrológicos e hidrogeológicos: un lavado de manos para dejar por “fuera del páramo” los nefastos proyectos mineros, y así sustentar su aprobación.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no debería tramitar licencias ambientales para la explotación minera hasta que no esté en firme la nueva delimitación de Santurbán, a cargo del Ministerio de Ambiente, con los estudios científicos que venimos demandando, y que el mismo Estado colombiano ha reconocido no tener.

La ANLA, finalizando 2017, hizo 83 requerimientos al primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Minesa, y la minera emiratí desistió de su proyecto, en 2018. La ANLA aceptó enseguida el desistimiento de Minesa, desconociendo el antecedente de la otrora Greystar que, aunque desistió de su proyecto en 2011, el Ministerio de Ambiente lo rechazó, y negó la licencia ambiental al proyecto. Minesa presentó su segundo E.I.A., en enero de 2019, y en noviembre de ese mismo año la ANLA hizo 107 observaciones a este. ¿Qué espera para negar la licencia?

La CDMB emitió, el pasado 9 de septiembre, un concepto técnico negando cinco permisos solicitados por Minesa; ¿acaso la CDMB se retractó para que la ANLA lo pase por alto? y, por contera, pareciera dormir en la corporación, desde el 21 de noviembre de 2017, ad portas de la decisión de la ANLA, una investigación contra Minesa como presunto infractor a la normatividad ambiental en el túnel de exploración El Gigante.

Qué dice el Ministerio Público, Procuraduría y Defensoría, al respeto?

Queremos que nuestra corporación autónoma regional cumpla con sus funciones constitucionales, y no se constituya en una Corporación para la Defensa de la Megaminería que afectaría a Bucaramanga (CDMB); tampoco queremos a Santurbán convertido en el “Caguán” de la Megaminería en Colombia.

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