En la actual coyuntura electoral es urgente un amplio debate programático que posibilite reconstruir las relaciones de credibilidad y confianza entre el Estado, los partidos políticos y la Sociedad Civil, a partir de un pacto social y político que viabilice las soluciones territoriales largamente aplazadas para el beneficio del pueblo santandereano.
La representación del departamento de Santander en el congreso de la república lleva muchos años mostrando incapacidad y mucha corrupción. Ha sido un espacio de frustraciones y una causa del atraso que vivimos, situación que cierra las posibilidades de prosperidad y condiciones de desarrollo integral para sus comunidades, sectores productivos, provincias, municipios e instituciones públicas y privadas.
Santander viene en franco retroceso en sus condiciones de infraestructura vial, gestión pública y desarrollo social. El empleo y las condiciones que favorecen el desarrollo económico y la calidad de vida de gran parte de los ciudadanos son deprimentes.
El contexto llama a una concertación política y social desde la región para levantar acuerdos posibles de un pacto programático por verdaderos programas de desarrollo e inversión territorial ante el congreso de la república y el próximo gobierno nacional. Este debe ser el sentido del pacto por Santander para construir futuro de bienestar para todos con justicia social, democracia y paz.
Es inaplazable retomar la agenda de soberanía territorial, regional y nacional sobre la modernización de la infraestructura vial regional, la conectividad rural al internet, los ecosistemas, los bienes naturales y los servicios eco-sistémicos que garantice el desarrollo sostenible a mediano y largo plazo. La seguridad y la soberanía alimentaria, una producción limpia, equidad y comercio justo se constituyen en un objetivo estratégico dadas sus implicaciones sociales en términos de la salud, educación y empleo, así como su incidencia en las posibilidades sostenibles de financiación del desarrollo.
El Pacto por Santander y Colombia permitirá que el Estado vuelva los ojos al campo para construir la paz, priorice las reformas democráticas, la superación de las violencias y la corrupción.
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