El contexto socio político refleja signos muy preocupantes de alta conflictividad e inconformidad social generalizada por la creciente desigualdad, situación que demanda con urgencia una nueva agenda de país, que permita abrir espacio a la construcción de una política nacional de acuerdos, para hacer realidad la paz integral de Colombia para todos los colombianos.
Recientemente el gobierno nacional junto a personajes nacionales e internacionales cubrieron los principales medios masivos de comunicación expresando satisfacciones al quinto año del acuerdo de paz con las Farc- EP, al tiempo que otros líderes del Centro democrático reiteraron su rechazo al acuerdo de paz y al proceso de solución política al conflicto. Es inocultable la polarización política haciendo visible la ausencia de una perspectiva unificada de paz y país.
La ausencia de una agenda de paz integral, se convierte en el mayor obstáculo para construir el futuro de una sociedad democrática, que incorpore los cambios en el desarrollo nacional sostenible y especialmente en las regiones y territorios afectados y olvidados por el centralismo y la guerra.
La sociedad colombiana enfrenta el desafío de encontrar el camino de la paz, el progreso de todo su territorio y la convivencia sin el uso de la violencia, con un programa de transición y consolidación de la paz integral. El momento político parece ofrecer una oportunidad para ampliar la democracia y la participación ciudadana con la elección de nuevo congreso y nuevo presidente de la república.
Expertos académicos y sectores sociales alternativos vienen proponiendo en la coyuntura electoral, una agenda para la paz integral, considerando que la paz integral es mucho más que el adiós definitivo al levantamiento armado; la dejación de armas es muy importante pero no es suficiente.
Así, se debería incorporar el cambio en el modelo de desarrollo neoliberal, el cabal cumplimiento de los acuerdos de paz y mandatos constitucionales de derechos civiles, políticos, sociales y ambientales. Además, un pacto fiscal por una tributación justa es fundamental para dar sustentabilidad al Estado y sus funciones, junto el desmantelamiento de la corrupción y de la ilegalidad existente en las relaciones políticas.
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