jueves 18 de abril de 2019 - 12:00 AM

Incidente de desacato contra el ministro de Ambiente

Aún ignoramos las explicaciones del ministro Lozano ante el incidente de desacato que abrió formalmente en su contra el Tribunal Administrativo de Santander, basándose en los informes del Ministerio Público, de seguimiento a la Sentencia T-361, que demuestran cómo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) no ha realizado avances en el cumplimiento de las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en cuanto a la nueva delimitación de Santurbán, acorde con nuestro sentir como accionantes, pues consideramos que nuestro derecho a la participación ambiental continua vulnerándose, lo cual hemos evidenciado en sendos informes al Tribunal.

Aunque percibimos cómo el Gobierno querría ratificar la delimitación viciada de la Resolución 2090, o hacer una muy similar a esta, con fines acomodaticios para las mineras en Santurbán, el MADS no debe infringir sus deberes constitucionales ambientales, entre ellos el mandato de la T-361:

“El MADS tendrá en cuenta que el resultado de la nueva delimitación del Páramo no podrá ser inferior en términos de protección del ambiente que la fijada en la Resolución 2090 de 2014” y, de manera prioritaria, el concepto de clasificación expedido por el von Humboldt “y su visión de que los límites del páramo deben incluir la zona de transición del bosque alto andino con el páramo (ZTBP)”.

Luego ratifica que, al dificultarse la fijación de las fronteras del páramo en relación con el bosque altoandino y que la administración de los páramos debe tener en cuenta la interacción con otros entornos naturales, debe incluirse dentro de los límites del páramo la zona de transición bosque-páramo (ZTBP) como medida de protección del ecosistema paramuno.

Aunque el legislador otorgó al MADS la potestad discrecional planificadora-reglamentaria normativa para delimitar los páramos, “el ejercicio de las potestades discrecionales se halla controlado por el ordenamiento jurídico y no se identifica con un escenario de ausencia de derecho”, sentencia la Corte.

Así, el Gobierno no debe imponer una delimitación prominera para Santurbán, inviable ni ambiental ni jurídicamente hablando.

Autor
Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
Otras columnas
Comentarios
Comente con Facebook
Vanguardia no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios que aquí se publican son responsabilidad del usuario que los ha escrito. Vanguardia se reserva el derecho de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje soez, que ataquen a otras personas o sean publicidad de cualquier tipo.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad