jueves 24 de octubre de 2019 - 12:00 AM

La ANLA, ¿protagonista nefasta del Teatro del Absurdo Santurbán?

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Ayer, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) hizo público su anuncio informando que había respondido 20.408 derechos de petición relacionados con la solicitud de licencia ambiental del proyecto Soto Norte de la empresa árabe emiratí Minesa. Más allá de las consideraciones legales que pueda tener este tipo de comunicados, aunque la ANLA pretenda hacer ver que nos está cumpliendo a los santandereanos, verdaderamente lo hará cuando niegue la licencia ambiental al proyecto en mención, como a todo proyecto que se ubique por encima de las bocatomas de nuestro acueducto metropolitano, en Santurbán o en sus inmediaciones.

La ANLA podrá ser protagonista nefasta de primer orden del Teatro del Absurdo Santurbán si se atreve a otorgar la licencia ambiental a este tipo de proyectos a costa de infringir la normatividad ambiental vigente, en contravía de indebatibles argumentos técnico-científicos, y ninguneando la voluntad del pueblo santandereano que se niega a dar la licencia social a dichos proyectos extractivistas.

El llamado es para los organismos de control, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, para que estén atentos, y dado el caso investiguen, el actuar de todos los funcionarios públicos inmersos en los procesos de delimitación de páramos y licenciamiento ambiental. Algunos podrían cebar a las mineras generándoles expectativas incumplibles, firmando irresponsablemente a nombre del Estado colombiano, que luego se traducirían en insumos para las mineras que, al no cumplir con sus objetivos extractivistas, terminarían alimentando sus demandas contra el Estado colombiano, esgrimiendo el argumento de la inestabilidad e inseguridad jurídica de éste. Los funcionarios públicos deben responder legalmente, incluso con su pecunio, por sus actos centrados más en sus propios intereses que en el interés general, a los que hubiese lugar.

Un contrasentido sería que la ANLA obtuviese licencia para matar nuestros vitales ecosistemas y nuestra agua, al otorgar licencias ambientales para la explotación minera donde no se deben dar. Otra delimitación engañosa político-minera, que el Gobierno se atreviese a hacer, en la práctica otro mapa para la explotación minera, tampoco le da pie para ello.

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