jueves 28 de mayo de 2020 - 12:00 AM

La propuesta integrada exprés y político-minera de delimitación de Santurbán.

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En calidad de ser uno de los accionantes de la tutela que originó la Sentencia T-361 (2017) de la Corte Constitucional, habrá que esperar a que, acorde con la exigencia del Tribunal Administrativo de Santander mediante Auto pasado, el Ministerio de Ambiente anuncie oficialmente cómo será la planeación de las mesas de trabajo de la Fase de Concertación para profundizar los aspectos técnicos y jurídicos de su propuesta integrada de delimitación.

Para el Tribunal de Santander aunque la utilización de medios tecnológicos no se opone al cumplimiento de la S. T-361, el derecho fundamental a la participación ambiental no se agota únicamente con la utilización de medios virtuales.

La participación ambiental, como derecho fundamental ciudadano, sigue siendo bastante débil: para los accionantes, como voceros legítimos de los consumidores finales del agua que se genera en nuestro páramo de Santurbán, en oposición irrestricta a los proyectos mineros que se quieren aprobar allí, la no participación eficaz se traduce en que nuestro aporte, el de la imperiosa necesidad de hacer los estudios científicos suficientes y pertinentes, entre ellos los estudios hidrológicos e hidrogeológicos, con los que el Estado colombiano no cuenta, haya sido ignorado.

La propuesta integrada de delimitación de Santurbán realizada por el Ministerio de Ambiente, y que concertará con las comunidades, fiel a la anterior, la de la Resolución 2090 (2014), es también una delimitación exprés político-minera: sin los estudios científicos de rigor, al servicio de una política minera errada y que pone a Santurbán a los pies de las mineras; el que la propuesta integrada amplíe en 3.446 hectáreas el área de páramo simulando una “mayor protección” no oculta el nuevo engaño: Minesa también queda por fuera de la línea del páramo según esta delimitación, como pasó con la anterior resolución acomodaticia minera, como si esto le diese patente de corso a los proyectos mineros que, quedando por fuera de una demarcación amañada a manera de mapa para la explotación minera, pudiesen infringir la legislación ambiental que hace inviable e indefendible cualquier proyecto de este tipo ubicado por encima de las bocatomas de nuestro acueducto metropolitano.

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