jueves 02 de abril de 2020 - 12:00 AM

Marcha por el agua y Santurbán en el contexto del Covid-19

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Polémica causaron las declaraciones que, en la mañana del 11 de marzo, di, a Caracol Radio, en el sentido que realizar la Marcha-Caravana en defensa del agua y Santurbán, que incluía el desplazamiento a Bogotá, el 15 de marzo, y la concentración en la Plaza Bolívar, el día siguiente, sería un acto irresponsable y descontextualizado, por desconocer el contexto de alerta mundial por el coronavirus (https://bit.ly/2w1S0IO).

No faltó quien calificara, a este columnista, de “extremista y saboteador” -algunas voces desafiaron el Covid-19, e insistían en movilizarse desconociendo las advertencias- pero como sintetizó muy bien CM&, en el 1, 2 y 3, en su emisión central, ese mismo 11 de marzo, en “Las movilizaciones sociales también afectadas por el coronavirus”, la solicitud de aplazar la marcha se hizo “por obvias razones de Salud Pública” (https://bit.ly/348Xbn6). Ya, antes del mediodía, la OMS había declarado oficialmente la pandemia y, finalizando la tarde, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, decretaba la alerta amarilla. La marcha era improcedente.

Los gobernantes atendieron la advertencia: sin desconocer el derecho constitucional a la protesta social, a los gobernadores y alcaldes, como responsables de la salud de los respectivos entes territoriales que administran, les cabrían efectos legales, incluso de tipo penal, si hubiesen promovido desplazamientos de grupos masivos de personas y concentraciones, en contravía de las directrices de las autoridades globales de la Salud Pública (OMS), y de las mismas nacionales en cabeza del Ministerio de Salud. La Salud Pública, además, es un bien jurídico.

Los defensores del agua y Santurbán tenemos una altísima responsabilidad con la ciudadanía, con los miembros de la clase política y empresarial que acompañen nuestra loable causa, y con los aliados nacionales e internacionales como AIDA, CIEL y SOMO; incluso, con los medios de comunicación, para no desinformar.

La anarquía jamás será la plataforma para asumir nuestra defensa, sino la democracia y la institucionalidad. Recordemos un antecedente: la Resolución 2090 (2014), que delimitó Santurbán, quedó sin efectos por la tutela que interpusimos por iniciativa y con el liderazgo de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), la cual originó la Sentencia T-361.

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