La Constitución de 1991 dice en su artículo 123: Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Este artículo de la Carta Magna, ha sido vilipendiado, y abusado en todas las formas posibles, por los gobiernos de turno.
Son muy escasos los funcionarios públicos, que entienden, que su función, es la servir a la sociedad, sin pretender recibir a cambio ninguna clase de beneficio particular o privado, diferente de los emolumentos que el estado le brinda de acuerdo a su categoría.
Partiendo de esta premisa básica, lo primero que debemos exigirles a nuestros candidatos, a los puestos y a las corporaciones públicas, es el cumplimiento de ese mandamiento del honor: es decir cero coimas directas o sutiles disfrazadas de invitaciones, por el cumplimiento de su deber.
No es posible que un funcionario nombrado, para representar a la ciudadanía, pretenda que el cumplimiento de sus deberes, sea considerado por él como un acto de su voluntad.
Así están las cosas a todos los niveles, desafortunadamente.
¿Cuál es la causa? Indiscutiblemente, la falta de educación cívica ciudadana de calidad ha sido pisoteada a todos los niveles, al punto que la honestidad y el cumplimiento de los deberes es considerada, como una tara que impide el ascenso social.
Desde los más altos a los más bajos niveles hemos visto en los últimos 20 años, y particularmente en este gobierno, unos extremos de desfachatez, en el mal uso de los recursos públicos. Casos Mintic, y MinHacienda entre otros.
Pero lo más grave y desconcertante es ver, que después de salir por la puerta de atrás, terminan en cargos iguales o superiores.
Para terminar, en la ley de presupuesto, incorporan un orangután, permitiendo la eliminación de la ley de garantías, para propiciar la compra de votos.
Colombianos es hora de votar a conciencia. El futuro está en nuestras manos.
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