A cuatro años de haberse firmado el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP para poner fin al conflicto armado, vale la pena reconocer los impactos positivos que ha generado este intrincado y polémico proceso de paz. Muchas de las causalidades sobre motivaciones a conductas violentas en la sociedad colombiana se realizaban por razones ideológicas, económicas y políticas desde una visión anti-estado. Ahora esas razones están bastante reducidas. Los desafíos en el conjunto del pensamiento político coinciden en que la guerra ya nunca más tiene justificación ni legitimidad para resolver las diferencias entre los colombianos.
Se constata en diferentes fuentes oficiales y no gubernamentales que a pesar de las dificultades y grupos disidentes, se han salvado miles de vidas de soldados, policías, guerrilleros, campesinos, líderes; el número de víctimas han disminuido significativamente. No obstante, hay una preocupación por la repetición inaceptable de homicidios y masacres contra excombatientes en proceso de reincorporación a la vida civil, líderes sociales, ambientalistas y defensores de derechos humanos, hechos que reclaman una política de paz con justicia y el cumplimiento de los acuerdos y del Gobierno y sus instituciones.
No está demás insistir al gobierno nacional y al congreso de la república en la inclusión de las provincias santandereanas en la inversión para planes de desarrollo y paz con enfoque territorial, en los municipios afectados por el conflicto armado. Sus municipios quedaron fuera de la construcción de paz, ante esta exclusión injusta los políticos no pueden guardar silencio.
También es preocupante la violencia común, que aumenta dramáticamente en las comunidades locales. Las autoridades deberían resolver participativamente el grave desorden institucional en el sistema educativo, la salud mental, el mercado laboral, la calidad del empleo y las insuficientes políticas sociales.
Tal vez en el año 2021 que se anuncia podamos levantar la esperanza de paz y un cambio digno y justo, en un nuevo escenario público y electoral donde urge una renovación política y social para la región con principios éticos – democráticos.
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