Durante los últimos 30 años hemos sufrido el progresivo desmantelamiento del estado de bienestar, que representó un compromiso constitucional surgido de la apertura democrática del 91 con el estado social de derecho. Este logro de la humanidad asumió la responsabilidad y orientación de crear las garantías ciudadanas bajo los principios de libertad, igualdad y solidaridad establecidos en el servicio público para hacer realidad la dignidad humana con los derechos sociales de todas las personas sin distingo de ideologías, credos, culturas y razas.
En un proyecto de nación democrática no cabe la dolorosa tragedia de la guerra, la corrupción política y millones de víctimas que seguimos padeciendo, sin que la conciencia colectiva detenga la masacre. Sin embargo, persisten los siniestros intereses bajo la complicidad de los órganos de control, investigación y justicia en el manejo de las palancas de los poderes públicos.
El estallido social que vivimos en los últimos dos años, puso al desnudo el altísimo grado de desigualdad social y la pobreza extrema, un estado capturado por poderosos sectores gremiales, el gran capital financiero, multinacionales interesadas en un extractivismo depredador, responsable de la crisis ambiental y el deterioro social en diferentes regiones y territorios nacionales.
Entre otras calamidades, además de desaparecer la ética en la política, el modelo de desgobierno vigente trajo consigo un profundo cambio en el roll del estado con la privatización de las instituciones y la corrupción para negocio y beneficio de sus amigos; debemos respaldar apuestas programáticas que contribuyan a rescatar la progresividad de los derechos sociales, las formas solidarias asociativas y la dignificación del trabajo, generando mayor riqueza social, ambiental y territorial.
Con conciencia ciudadana vemos el escenario electoral de nuevo congreso y presidencia de la república, como un momento de oportunidad real de cambio y transición democrática hacia la paz y la recuperación de la confianza en las instituciones del estado y la política. Es un deber y un derecho fundamental al voto honesto en el ejercicio de ser actores y constructores de una nueva nación digna de progreso, trabajo y libertad.
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