miércoles 07 de agosto de 2019 - 12:00 AM

Santurban, hoy con más riesgos que nunca

La Corte Constitucional en su providencia T-361, que exige una nueva delimitación de Santurbán, se equivocó al considerar que la delimitación de la Resolución 2090 (2014) es garantía suficiente para proteger nuestro ecosistema paramuno mientras el Ministerio de Ambiente expide la nueva delimitación -cuando en realidad la 2090 es una resolución acomodaticia minera pues legaliza los proyectos mineros en la zona- y no exigió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, no otorgar licencias ambientales para la explotación antes de estar en firme la nueva delimitación, por lo cual no hay impedimento legal para que esta otorgue licencias ambientales basándose en la delimitación de la 2090, lo cual se constituye en el más grande vacío de la sentencia y un gravísimo peligro para nuestra agua y Santurbán. Es importante tener en cuenta que hay ocho mineras a la espera de la licencia ambiental que les permita llevar a cabo sus proyectos de explotación.

Por otra parte, preocupa que la actualización del cronograma presentado por el Ministerio de Ambiente haya propuesto como fecha límite para expedir la nueva delimitación de Santurbán el próximo 18 de diciembre -exactamente un lustro después del más grande engaño en la historia ambiental de nuestro país de la Resolución 2090 (19/diciembre/2014)- pues este nuevo plazo tampoco le dará tiempo a la cartera del Ambiente para entregar una delimitación con los estudios técnico-científicos pertinentes y suficientes, entre ellos los estudios hidrológicos e hidrogeológicos que venimos recomendando. En este plazo el Ministerio de Ambiente solo podrá hacer una delimitación político- minera en favorecimiento de las mineras y detrimento de nuestra agua.

movParadójicamente aunque el riesgo para nuestra agua y Santurbán no solo está en los insumos usados por las mineras sino en los elementos presentes en la alta montaña como el arsénico, los sulfuros y el uranio, entre otros, el mayor riesgo está representado por las medidas proferidas por el Estado colombiano, como sería atreverse a otorgar licencias para la explotación donde jamás deben aprobarse.

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