jueves 12 de septiembre de 2019 - 12:00 AM

Señor presidente, Santurbán no está en venta nuestro oro es el agua.

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Incongruente, por lo menos, parece ser la persistente política minero energética del alto gobierno del presidente Duque al mantener vigentes los títulos mineros que acechan peligrosamente la destrucción del páramo de Santurbán, nuestra fuente hídrica con gravísimos daños sociales, económicos irreversibles.

De nada han servido las graves fallas observadas por expertos geólogos y técnicos del movimiento social por Santurbán en el estudio de impacto ambiental que se han identificado y advertido al proyecto minero Soto Norte de Minesa.

La delimitación del páramo no es solución a la protección del ecosistema; las compañías mineras como MINESA, podrían mantener su presencia con proyectos, siendo poseedores de títulos mineros en el páramo.

La CDMB como autoridad ambiental, acaba de enviar su concepto técnico a la ANLA, sobre el proyecto minero de MINESA manifestando en forma clara que dicho proyecto no es viable para otorgarle licencia ambiental por generar graves impactos negativos al ambiente y al agua superficial y subterránea, entre otros.

La decisión esperada por la comunidad regional del gran Santander, es la definición de un marco legal y constitucional claro que, mediante acciones jurídicas y políticas, prohíba definitivamente la explotación minera en Santurbán, además de ordenar el desarrollo territorial y reconversión productiva para Soto Norte y sus comunidades.

En la actual coyuntura electoral local y regional, es preciso conocer el compromiso de los candidatos a elección popular de gobierno, con la defensa y preservación de nuestras fuentes hídricas y el ambiente. El páramo está amenazado, es el símbolo de la vida, y con él la economía y la vida, a pesar de ser áreas estratégica especialmente protegida por la legislación ambiental nacional e internacional.

Los gobiernos territoriales, las comunidades y los actores gremiales, sociales y políticos de los dos Santanderes, así como las instituciones ambientales, tenemos el deber ético y político de demandar al gobierno nacional, se determine un marco de constitucionalidad que garantice la preservación de los ecosistemas de páramo sin minería y su debida y efectiva protección.

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