Una de las malas noticias que dejó el año viejo para nosotros es que —preciso— el 31 de diciembre la ANLA resolvió permitir la modificación de una licencia ambiental concedida a la Ruta del Cacao. Esta resolución (2594) permite que la concesión intervenga la montaña y cause otro desastre ambiental. La comunidad afectada, que curiosamente en nuestro país es la que tiene menos posibilidades de intervenir en estas negociaciones, se pregunta por qué se modifica una licencia después de haberse presentado pruebas del desastre que provocará esa modificación.
Le pregunté al sabio profesor Gregorio Montebell sobre este curioso hecho. Me respondió de manera contundente: Vea usted que las licencias y los permisos en Colombia no se dan porque el estudio de la entidad encargada determine que se puede o no se puede conceder; si el estudio dice que sí, la licencia se otorga; y si el estudio dice que no, la licencia también se puede otorgar, solo que debe echársele platica a quien corresponda, sea la mano de un intermediario —que es lo “normal” en nuestra sociedad— o a veces la beneficiaria de estas coimas es la institución misma.
Le explico mejor —me dijo—, porque lo veo incrédulo: Por ejemplo, el pico y placa, que regula el tránsito para evitar sobrecupo en las calles, deja de ser ley para quien pague el permiso. Lo mismo ocurre con quien hace ruido o bloquea una vía, sea para construir alguna obra, para realizar alguna fiesta, o hasta para homenajear a algún delincuente que acaba de salir de prisión.
Es más, las entidades encargadas prohíben tumbar un solo árbol, pero, desde que se pague a quien sea, se tiene permiso para destruir bosques enteros, para contaminar ríos y secar fuentes de agua. Hasta para cometer pecados, porque los pecadores pobres van al infierno, pero los pecadores ricos, previo pago a la Iglesia, han podido cometer pecados de todos los calibres a lo largo de la historia de la humanidad, sean violaciones, homicidios y hasta genocidios, y la Iglesia los ha mandado para el cielo con el recibo de pago de su indulgencia plenaria.
