jueves 18 de abril de 2019 - 12:00 AM

A los jueces

Hace pocos días se realizaron ante el Palacio de Justicia de esta ciudad, protestas por la excarcelación de unos ex - funcionarios públicos y la condena a un contratista del Departamento, reflejándose el descontento ciudadano pues en criterio de estas personas, tales decisiones no se compadecían con la gravedad de las imputaciones formuladas por los presuntos delitos cometidos. A este respecto, para ser objetivos y no injustos con los jueces, expresemos lo siguiente: por lo general para que Códigos como el Penal y el de Procedimiento Penal rijan a plenitud, previamente los gobiernos de turno conforman unas comisiones de juristas –casi siempre capitalinos- que preparan unos proyectos para estudio de las Cámaras que más adelante se convierten en leyes. En el Congreso sabemos que no se ocupan con juicio del estudio de estos temas.

Esas normas son de obligatorio cumplimiento, y en particular para los jueces que las deben aplicar, ante el riesgo de incurrir en prevaricato. ¿Qué ha acontecido a posteriori? En los últimos tiempos esos genios del derecho, asesores gubernamentales en sus iniciativas, han concebido como filosofía que las penas rígidas o el incremento de las mismas no desestimulan el delito. Entonces, se han incluido preacuerdos, acuerdos, principios de oportunidad, términos brevísimos para acopiar pruebas, etc., que comprometen al juzgador en su trabajo coartándole su margen legal para operar. Ese debería ser el objeto del repudio colectivo. Ahí está la raíz del problema, y eso no depende de quien emite las providencias.

En Colombia en lo atinente al Derecho Penal, las disposiciones son laxas, tolerantes, permisivas con los delincuentes, que entran y salen de las cárceles como si fueran clubes sociales. Conociendo los niveles de violencia y corrupción que laceran esta sociedad, acá deberían implantarse como en China, Singapur, Oriente Medio y otros países, penas que atemorizaran a los pícaros, haciéndolos reflexionar, antes de cometer sus tropelías. La cadena perpetua y la pena de muerte deberían aplicarse a bandidos como los narcotraficantes, saqueadores del tesoro público, terroristas, depredadores del medio ambiente, abusadores sexuales, etc. Me pregunto entonces ¿cuál puede ser la responsabilidad de los jueces en este escenario?

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