jueves 24 de marzo de 2022 - 12:00 AM

Corrupción carcelaria

Constituye una vergüenza nacional el que se hayan dejado transcurrir cuatro años de un gobierno sin que los Ministros de Justicia hayan promovido una reforma sustancial del Inpec, convertido por la fuerza de los hechos en un antro de corrupción.

La zozobra que afecta nuestra Nación a todos los niveles, encontró nuevo aliado en la inseguridad del régimen penitenciario. Cuando se indaga semánticamente sobre lo que significa penitenciario, se hace referencia a cualquiera de los sistemas modernamente aceptados para castigo y corrección de los penados. Es más, se afirma que las cárceles son casas públicas destinadas para la custodia, seguridad y resocialización de los reos. Todo lo anterior tan claramente asimilable en teoría, ha quedado desvirtuado en la práctica por obra y gracia de algo contra lo cual al parecer no se ha inventado nada: la corrupción.

Esta lacra que sacude a diario los cimientos del Estado se ha convertido en el peor enemigo de la mayoría de los colombianos. La debilidad de la Nación no radica solamente en el hecho desgraciado de la fuga de uno o algunos de los más peligrosos delincuentes como acaba de acontecer con el narcotraficante Juan Castro Estupiñán alias Matamba, se refleja y de qué manera en la incapacidad de los gobernantes para estructurar de hace tiempo mecanismos que impidan el soborno y chantaje de quienes están encargados de la vigilancia de los centros carcelarios. Es que las circunstancias se repiten de una manera grotesca y vergonzosa si recordamos los casos de la exparlamentaria Aida Merlano y los paseos de Carlos Mattos por fuera del penal de la Picota para ir a su oficina particular.

Constituye una vergüenza nacional el que se hayan dejado transcurrir cuatro años de un gobierno sin que los Ministros de Justicia hayan promovido una reforma sustancial del Inpec, convertido por la fuerza de los hechos en un antro de corrupción. Ya se sabe por informaciones periodísticas que la huida de Matamba fue pagada con altas sumas de dinero y con la complicidad de algunos de los guardas de la penitenciaria donde estaba recluido. Es increíble que un establecimiento público como el Inpec tenga ochenta sindicatos y no se haya hecho nada desde el punto de vista laboral para enmendar tamaña osadía. Lo único que le faltaría a este gobierno es que dejaran volar al bandido del Otoniel.

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Este artículo obedece a la opinión del columnista. Vanguardia Liberal no responde por los puntos de vista que allí se expresen.
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