jueves 01 de agosto de 2019 - 12:00 AM

Doble instancia...

Es ni más ni menos que tirar por la borda la “res iudicata” (cosa juzgada) principio del derecho romano universalmente reconocido
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Todos los ciudadanos sabemos que la garantía procesal de la doble instancia es un derecho fundamental con respaldo en los artículos 29 y 31 de la Constitución Política que desarrollan de manera puntual lo referente al debido proceso y la posibilidad de apelar toda sentencia condenatoria, salvo las excepciones legales. Esta verdad jurídica que además tiene respaldo en diferentes pactos internacionales suscritos por Colombia, es una institución respetada de antaño por los países que creen y defienden el Estado de derecho, acatando postulados de tanta trascendencia como la cosa juzgada y la seguridad jurídica.

Pues bien, cuando en una sociedad ya han sido juzgados y condenados por la administración de justicia, individuos a los que se les ha comprobado la comisión de delitos, y los fallos han quedado en firme, siendo definitivos, resulta exótico, manipulador e irresponsable, que a través de una iniciativa legislativa se busque examinar de manera retroactiva, providencias que para el país son vinculantes e inmutables, al ser la certeza del derecho, y por ese grosero camino exigir que a esos sujetos -conocidos por sus actos corruptos- se les vuelva a revisar, lo irrevisable.

Es ni más ni menos que tirar por la borda la “res iudicata” (cosa juzgada) principio del derecho romano universalmente reconocido, generando con ello una inseguridad jurídica aberrante al modificarse arbitrariamente los procedimientos legales establecidos, con la clara intención de favorecer a particulares destinatarios de la norma. Pero eso poco les importa a los politiqueros promotores de esos desatinos. Olvidan de mala fe y a propósito que para que las leyes sean tales, deben ser generales, impersonales y abstractas.

De contera, si esto llegara a prosperar, tendremos reivindicados, como “modelos ejemplares” y demandando al Estado en multimillonarios pleitos -que pagaremos los ciudadanos honestos- a toda una caterva de malandrines que han sido, son y serán delincuentes ya calificados así, por su juez natural.

Esperamos que la ciudadanía, el foro judicial y en especial las Cortes estén atentos a impedir este despropósito, que puede ser el remate de lo que queda de la institucionalidad colombiana. Es nuestra lamentable realidad.

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