jueves 09 de julio de 2020 - 12:00 AM

Las leyes

nuestras normas le procuran a los pillos ventajas y consideraciones que estos nunca han tenido con la sociedad. Sus condenas no desestimulan el delito, por el contrario, lo hacen atractivo.
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En las sociedades primitivas la convivencia de los individuos estaba regulada por costumbres y creencias. Esto conducía a que sus miembros se hicieran justicia mediante la venganza, la ley del Talión, ojo por ojo, diente por diente. Una conducta entendible para la época, pero injustificable hoy en día. Los agravios se compensaban con indemnización y las disputas se dirimían con ordalías o pruebas utilizadas en la Edad Media para averiguar la inocencia o la culpabilidad. Con el paso del tiempo las comunidades se civilizaron y se necesitaron leyes, códigos de conducta jerarquizados que regularan los derechos y deberes de cada uno, para asegurar el orden general.

Solo la ley escrita puede ser conocida con certeza e invocada como garantía de nuestros derechos u obligaciones, por ello en cualquier circunstancia de la vida en donde se defina una controversia inter-partes, las personas deben aceptar sus mandatos y los dictámenes que emitan los jueces a través de sus providencias, porque es la única forma de garantizar la seguridad jurídica. Colombia como país de leyes, muestra que hay mandatos para todo y para todos, identificándose así la condición de Estado de Derecho claramente definida en nuestra Constitución Política. Pero ¿qué ocurre? Como nuestra sociedad es tan compleja, desequilibrada y violenta se supone que nuestras leyes están hechas para disuadir a los delincuentes y que los jueces disponen de los mecanismos para aplicarlas con independencia y autonomía enfrentando la impunidad. Si nos comparamos con otras naciones que combaten el crimen concluimos que nuestras normas le procuran a los pillos ventajas y consideraciones que estos nunca han tenido con la sociedad. Sus condenas no desestimulan el delito, por el contrario, lo hacen atractivo.

Los legisladores deben entender que al maleante no le interesa el orden, viven del desorden. Para ello acuden a la amenaza o la intimidación e imponer su “ética delictiva”. Las leyes deben servir para impedir que los fuertes opriman a los débiles. Cuando no se asume con valor el crimen organizado recordemos esta predica histórica: “los débiles sucumben no solo por serlo, sino por ignorar que lo son”. Lo mismo le sucede a los países.

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