jueves 12 de febrero de 2009 - 10:00 AM

Legítima defensa

Este principio es una sentencia bíblica, viene de la antigüedad y es de la esencia del ser humano. Nadie discute que frente a una agresión injusta, el individuo está en todo su derecho de enfrentarla y derrotarla. Es más, en el ámbito de la legislación penal, es un eximente de responsabilidad.

Pero en la sociedad no podemos aceptar que la persona aislada asuma su propia defensa en todas las circunstancias, olvidando que nos hemos  dado una organización política llamada Estado, cuya obligación es la de velar por los derechos de sus integrantes disponiendo para ello del monopolio de la fuerza, como lo enseña el artículo 2° de la Constitución Política.

Aún cuando este es un mandato que debe acatarse, no olvidemos que la institucionalización del orden supone la vigencia de la autoridad, que es precisamente lo que escasea en estos países sometidos a fuertes tensiones y convulsiones socio-políticas. Solo bajo condiciones ideales de ausencia total de conflicto, los mecanismos de colaboración de la sociedad con el Estado resultan innecesarios. Cuando la armonía social es inexistente, la población debe disponer de herramientas para su defensa, amparadas y controladas por la ley.  Como en alguna oportunidad manifestaba el General San Martín: 'todo debe hacerse por el pueblo, pero a condición de que la inteligencia apoyada por la fuerza, lo refrene y discipline'.

Cuando lo que impera en una nación es el desorden, es la Nación la que debe patrocinar su defensa, o de lo contrario, recordando al libertador Simón Bolívar, 'las constituciones son libros, las elecciones batallas, la libertad anarquía y la vida es un tormento'.  Este clima lo único que produce es ruina y destrucción en el espíritu nacional, que es a lo que le apuestan los grupos al margen de la ley, seducidos siempre por el caos para la toma del poder.

Existe una relación irrefutable entre la violencia y el atraso de los pueblos. Es una causa persistente de inestabilidad y torna casi imposible el ejercicio de la democracia. Un estado desprovisto de los medios para su legítima defensa, carece también de los medios para su conservación. Por ello los ciudadanos sin distingo de ninguna naturaleza, e independiente de quienes sean los gobernantes, debemos defender el orden y la autoridad, para garantizar la libertad de todos sus integrantes.

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