jueves 17 de octubre de 2019 - 12:00 AM

Vandalos y demás...

El reclamo popular tiene unos límites. Cuando este se desborda, la legalidad y las instituciones deben prevalecer
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Está permitido y garantizado en disposiciones constitucionales y legales, el derecho de todo ciudadano en esta Nación a protestar, a expresar su inconformidad no solo por las políticas o decisiones del Estado, sino también a disentir de manera civilizada con otras conductas sociales, que en su sentir atenten contra convicciones o credos de cualquier naturaleza. Lo que el país ni las personas de bien podemos tolerar o permitir, es el vandalismo, sinónimo de destrucción o barbarie, padecido en estas últimas manifestaciones, donde al parecer se han infiltrado saboteadores de oficio, delincuentes encapuchados posando de estudiantes, o algunos universitarios con tendencias de ese tipo.

Estas actitudes repudiables atentan contra lo que nos es común a todos: la tranquilidad y la libertad. Como a esos vándalos no les ha sido suficiente afectar esos derechos, se han desquitado de forma impúdica contra el patrimonio público, saqueándolo y arruinándolo, el cual debemos reconstruirlo más tarde, con nuestros impuestos. En estos momentos debemos ser solidarios a plenitud con la fuerza pública, exigiendo mano dura y castigos severos a todos esos desadaptados, ante semejantes demostraciones de salvajismo. ¿Cuántos de esos individuos agresores están hoy procesados o presos con penas ejemplarizantes que sirvan de escarnio a sus viles imitadores?

No se puede claudicar y permitir que escenarios como del que fue víctima el Icetex o la UIS, se repitan en otros lugares, como ha ocurrido con frecuencia. Nuestros códigos son demasiado tolerantes con los bandidos. Una violencia reiterada acaba por parecer un derecho... Si el Estado es poderoso sin ser arbitrario, es fácil defender los derechos de los individuos; pero si es débil o vacila, la injusticia de los unos tratará de imponerse al derecho de los otros, como ha sido la costumbre nefasta en esta República.

El reclamo popular tiene unos límites. Cuando este se desborda, la legalidad y las instituciones deben prevalecer sobre aquellos que han osado desconocer lo que los demás respetamos. No olvidemos que la maldad rinde... Es lícito repeler la fuerza, con la fuerza tal como enseña una locución legal que acuñó el jurisconsulto romano Ulpíano.

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