domingo 16 de enero de 2022 - 12:00 AM

Contra la corrupción

Aquí los bandidos saben que la posibilidad de que los capturen es muy baja y minúscula de que llevados a juicio sean condenados.

Empecemos por lo obvio, el tamaño del Estado. Entre más grande y más funciones asuma, más corrupción habrá. Un Estado más pequeño, más eficiente y menos entrometido, disminuye mucho los riesgos.

Sigamos por la hiperinflación legislativa. Acá hay normas para todo, desde leyes hasta ordenanzas municipales, que pretenden ordenar los más nimios detalles de la vida en sociedad. Detrás de cada regla hay un burócrata encargado de supervisar su cumplimiento y, también, el riesgo de una coima en relación con su decisión. Desregularizar la vida social y la economía tanto como se pueda.

La impunidad es un aliciente formidable para los delincuentes, entre ellos los de cuello blanco. Aquí los bandidos saben que la posibilidad de que los capturen es muy baja y minúscula de que llevados a juicio sean condenados. Sin administración de justicia eficiente la lucha contra la corrupción será siempre fallida

Eliminar las contralorías departamentales y municipales es poco popular, en particular entre los políticos, pero indispensable. Esas contralorías no solo no protegen los recursos públicos y son paraísos clientelistas, sino que con frecuencia son cómplices de los corruptos. Al mismo tiempo, hay que fortalecer la Contraloría General, despolitizarla y tecnificarla.

En Colombia la contratación pública asciende a los 150 billones de pesos. Incentivar los pliegos tipo en las licitaciones es clave. Esos pliegos, por ejemplo, han permitido pasar de tener entre uno y tres oferentes en los contratos de obra pública de las entidades territoriales a tener 26 oferentes. Más pluralidad, mejores precios y condiciones. Pero es absolutamente insuficiente porque apenas alrededor del 12% de la contratación se adjudica por licitación pública. Reducir tanto como se pueda la contratación directa es indispensable.

La digitalización es vital. Minimizar el contacto directo entre el burócrata y el ciudadano disminuye los riesgos de corrupción. El ciudadano debería poder hacer la inmensa mayoría de sus gestiones frente al gobierno por vía digital. Ese es el futuro.

Finalmente, hay que traducir la indignación ciudadana en una oportunidad en la que se reconozca que el problema de corrupción es de todos, no solo de los funcionarios públicos. Sin esa reflexión ética no habrá cambio normativo, institucional o tecnológico suficiente. En particular, hay que dejar la mentalidad mafiosa, la narco idea de que es posible hacerse rico de manera rápida, fácil y violando la ley. Hay que recuperar la ética del trabajo honesto, del esfuerzo y de la persistencia y la disciplina.

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