Ecopetrol ha reportado una utilidad de 11.56 billones de pesos, la más alta en cinco años. El margen de Ebitda fue de 45,4%, y alcanzó los 30.8 billones, el mayor en la historia. A su vez, los ingresos crecieron de 55.2 billones en 2017 a 67.8 billones el año pasado.
Ese formidable desempeño se debió fundamentalmente a cuatro factores: a. El incremento del precio del crudo de referencia Brent en el mercado internacional, en US$ 72,2 de promedio (en el 2017 fue de US$ 54,9), b. La mayor tasa de cambio promedio del dólar el año pasado, por encima de los $3.000 durante el segundo semestre, c. La disminución de las importaciones de crudo, diesel y gasolina y d. La disciplina de capital y el plan de eficiencia.
Ese proceso se reflejó en un aumento de producción de 715 mil barriles de petróleo equivalentes por día (bped) en el 2017 a 720 mil el año pasado.
Si en el 2018 hizo inversiones por US$ 2.900 millones, 32% más que en el 2017, Ecopetrol prevé destinar entre 12 mil y 15 mil millones de dólares para el periodo 2019-2021, con la meta de alcanzar niveles de producción de 750 mil a 770 mil bped, y de mejorar las reservas probadas que hoy ascienden a 1.727 millones de barriles. Es decir, tenemos para 7.2 años. Ahora, como en el balance total de reservas el 70% es de crudo y el 30% de gas, la vida media es de 6,3 años y 11,1 años respectivamente.
Hoy el grueso de los ingresos de Colombia depende de su producción petrolera. Por eso el plan de inversión es fundamental. Con el mismo se mantendrá el índice de reemplazo de reservas algo por encima del 100% y, sobre todo, se hará la apuesta del futuro: el desarrollo de los pilotos de yacimientos no convencionales, el famoso fracking, una tecnología que le daría al país entre 2.000 y 7.000 millones de barriles de reservas. Aseguraríamos el futuro de la empresa y, con ella, del país.
Por ahora, la buena noticia es que por sus resultados la compañía ha anunciado un dividendo ordinario de $56 por acción y otro adicional de $169, para un total de $225. Eso significará un ingreso de $8.2 billones para el Estado central y de $1 billón para los socios minoritarios, un alivio para las finanzas públicas y una mejora sustantiva en el bolsillo de los miles de pequeños accionistas.