domingo 04 de julio de 2021 - 12:00 AM

Horrorosa rama judicial

Jueces no elegidos, que no son responsables ante nadie y que no tienen ningún control, hacen saltar por los aires el texto constitucional y las leyes, que interpretan a su arbitrio y de acuerdo con sus posiciones ideológicas...
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Hay que reconocer que una reforma profunda al sistema judicial no admite más espera. Muchos jueces penales ya no hacen su tarea de proteger los derechos de los ciudadanos ni castigan a los delincuentes.

No es, sin embargo, el único motivo para la reforma. La rama judicial es altamente burocrática y costosa, con seis altas cortes, 127 magistrados e incontables magistrados auxiliares, diez billones de pesos de presupuesto y aún así altamente ineficiente, lenta y morosa, con un promedio de 1.288 días para resolver un proceso contractual típico y con casi dos millones de casos por resolver. La impunidad sigue siendo escandalosa. De cada cien delitos de los que se tiene noticia, noventa y cuatro quedan en la impunidad.

La rama, además, está acosada por la corrupción. Lo prueba el infame cartel de la Toga. Es clara la necesidad de establecer un nuevo órgano para la investigación y el juzgamiento de magistrados de las altas cortes.

Pero cuando se intentó suprimir el Consejo Superior de la Judicatura y crear una comisión para el juzgamiento de aforados, la Constitucional consideró que hubo sustitución de “pilares fundamentales” de la Constitución.

Esa doctrina de la Constitucional en virtud de la cual ella decide que puede y que no puede ser reformado de la Constitución por parte del Congreso ha sido la fuente principal de la politización de la justicia. Desde entonces viene dándose, vía decisiones judiciales, un traslado sistemático de competencias de los poderes legislativo y ejecutivo al judicial. La erosión de la democracia es evidente. Jueces no elegidos, que no son responsables ante nadie y que no tienen ningún control, hacen saltar por los aires el texto constitucional y las leyes, que interpretan a su arbitrio y de acuerdo con sus posiciones ideológicas y sus simpatías políticas. Es el peligrosísimo, arbitrario y antidemocrático gobierno de los jueces.

La otra cara de la politización de la justicia es la judicialización de la política, el uso de la rama para eliminar a los contrincantes políticos, el traslado de la decisión política de las urnas y el Congreso a las sentencias y los despachos judiciales. Un horror que ha tenido su última expresión en la decisión de la sala de instrucción de la Suprema de mantener competencia para investigar a Álvaro Hernán Prada, que había renunciado a su curul como representante. No dudo de que pretenden sacrificarlo para generar un hecho político ahora que el caso de Álvaro Uribe se les salió de las manos.

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