La grosera excusa

Dijo el MinDefensa que el asesinato de policías por parte del Eln es un “incidente” y que no debería “conducir a la terminación del cese [al fuego]”.

Las declaraciones son mentirosas. La muerte provocada de un policía o de un soldado no es un “incidente”, no es un mero percance, un contratiempo, es un homicidio. Y no uno cualquiera. Es una circunstancia de agravación de la pena asesinar miembros de la fuerza pública. Se sanciona con mayor dureza su asesinato porque cumplen funciones fundamentales para la sociedad.

El Ministro, que debería apoyar y defender a militares y policías, las menosprecia. Es el mismo personaje que prohibió que se les llamara héroes, el que recortó su presupuesto, el que protege a los grupos ilegales al impedir que se use el poder aéreo contra ellos. El mismo que suspendió la erradicación, la forzada y la manual, aunque estemos ahogándonos en coca. El mismo que frenó las operaciones de la Fuerza Pública, todo en beneficio de los mafiosos. No solo no se hace erradicación sino que las incautaciones y la destrucción de laboratorios se desplomaron.

El mismo que permite que los costosos Blackhawk se usen para pasear a Francia Márquez y que, en cambio, se demoró tres días para permitir la evacuación del patrullero Rivera, herido cuando los elenos asesinaron a su compañero Jiménez Charrys.

Velásquez supone que el cese del fuego con el Eln está vigente. El mismo que el viernes Pablo Beltrán, cabeza de los elenos, negó con vehemencia que existiera.

Una entelequia de cese del fuego que supone que los grupos violentos y la Fuerza Pública dejen de enfrentarse pero que no exige que dejen de atacar a los civiles ni de delinquir. Un cese del fuego que solo protege a los bandidos y deja en absoluta indefensión a los civiles, no solo porque no se le exige a los criminales que dejen de atacarlos, sino porque paraliza a quienes tienen que cuidarlos.

Un cese del fuego que Velásquez usa para justificar lo injustificable. Un cese del fuego que generó una dura advertencia de Barbosa, en la que resaltaba que quienes no cumplieran con sus obligaciones incurrirían en prevaricato, entre otros eventuales delitos.

Un cese del fuego que ha dejado sin ejecutar más de 2.200 órdenes de captura en zonas rurales, entre ellas las de más de 300 de asesinos de líderes sociales sobre cuyo lomo se montó Petro como bandera electoral.