domingo 10 de julio de 2022 - 12:00 AM

Omisión de la verdad

La Comisión de la Verdad está plagada de pecados. De origen, resultado del pacto con las Farc rechazado en el plebiscito. De conformación, miembros escogidos con una evidente tendencia de izquierda. De fines, su propósito fue crear establecer otras responsabilidades, una metaverdad de acuerdo con la cual se diluyeran las culpas de las guerrillas y se ampliaran las de los empresarios, la Fuerza Pública y el Estado, convirtiendo en políticas institucionales las que fueron conductas individuales, invirtiendo papeles de víctimas y victimarios y culpando a la “sociedad” como “responsable de la tragedia”. De comportamiento. Nunca tuvo equilibrio ni fue representativa, ni imparcial. La Fuerza Pública y sus reservas han sostenido que “los múltiples informes entregados” por ellos fueron “ignorados”. También ignoraron el informe sobre los empresarios como víctimas presentado por el ICP.

El Informe es el esperable: sectario, con evidente sesgo de izquierda, y con recomendaciones, algunas de las cuales nada tienen que ver con la “verdad” del conflicto, que proponen políticas públicas similares a las del ahora presidente electo. No es coincidencia. Son similares porque piensan igual y comparten los mismos propósitos.

Hay muchas recomendaciones erradas y de indeseables consecuencias. Especialmente graves son las relacionadas con el narcotráfico. La Comisión esquiva el hecho de que la persistencia del conflicto armado se explica precisamente porque los guerrilleros lograron autosuficiencia económica a partir de su involucramiento en el narco. Y que el surgimiento de los llamados paramilitares fue la respuesta de los narcos puros al secuestro de sus familiares y a los ataques de la guerrilla para controlar el negocio. Esas verdades no están el informe.

Por eso no sorprende que el Informe sostenga que es el “enfoque prohibicionista... uno de los principales factores de persistencia del conflicto” y que es esa política, y no el narcotráfico y los grupos violentos que se alimentan del mismo, la que “ha generado profundos daños a los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo”. En otras palabras, para la Comisión el problema no es el narcotráfico y el involucramiento de los grupos armados ilegales en el mismo sino prohibir las drogas. Por eso propende por la legalización global, un imposible, quiere acabar con la erradicación forzada y prohibir todos los usos del glifosato, y defiende lo pactado en La Habana en esta materia, acuerdo cuya implementación multiplicó por tres el número de narcocultivos y por cuatro y media veces la producción de cocaína y que ha traído como consecuencia el disparo de los homicidios en el país después de casi dos décadas de reducciones sostenidas.

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