De manera consciente, este gobierno viene debilitando a la Fuerza Pública. En paralelo, fortalece a los bandidos y a las organizaciones criminales.
La semana pasada, consiguió en el Congreso que le permitieran reconocerle estatus político a las disidencias de las Farc, aquellos que se negaron a entrar en la negociación con Santos, y sentarse a la mesa con ellos. También podrá hacer lo mismo con los reincidentes, aquellos que, como Iván Márquez, negociaron y pactaron con ese gobierno pero decidieron devolverse al monte.
Semejante decisión es contraria al acuerdo de 2016 y premia a aquellos que lo traicionaron. Sobre la traición no hay duda: Márquez fue el jefe negociador en La Habana.
El mensaje es devastador: no importa que se haya tenido oportunidad de negociar ni que se haya pactado, ni que se traicione lo voluntariamente pactado, tarde o temprano se puede volver a negociar con el gobierno de turno y obtener, otra vez, beneficios de indulto y amnistía y otras gracias jurídicas, políticas y económicas semejantes o mejores a las concedidas en las Farc en el pacto del 16. Favores que, no sobra recordarlo, no tienen los ciudadanos de bien que nunca han delinquido. Beneficios y gracias no para cualquier delincuente sino para los peores criminales de guerra y de lesa humanidad.
No solo no hay castigo por delinquir, no solo no se paga precio alguno por incumplir la palabra o traicionar lo acordado, sino que se premia al criminal y, peor, se le asegura que aunque siga delinquiendo, se le seguirá premiando. Si la ausencia de sanción es un estímulo para el delito y para la violencia, la impunidad reiterada multiplica exponencialmente el incentivo.
Al mismo tiempo, Petro consiguió que le aprobaran en segundo debate en el Congreso la eliminación del servicio militar obligatorio. Se puede alegar que el ejército ideal es profesional. Habría que matizar. Hay servicio militar obligatorio en Austria, Dinamarca, Suecia y Suiza, Corea del Sur. En Israel, todos los hombres y mujeres deben incorporarse a las Fuerzas Militares.
Ocurre que ninguno de esos países debe enfrentar, y debe hacerlo al mismo tiempo, amenazas a su soberanía e integridad territorial como las que suponen Venezuela y Nicaragua, y agresiones internas del narcotráfico, grupos armados ilegales y delincuencia organizada como nosotros. Ninguno vive un conflicto armado interno y está ahogándose en coca.
En cambio, la crítica de que el servicio militar en Colombia solo es obligatorio para los más pobres es cierta. Pero la culpa de la inaceptable discriminación es de una decisión grosera de la Constitucional. El ejército profesional no podemos pagarlo. Y el desmonte del servicio militar solo beneficia a los bandidos. Así es este gobierno.
