La tutela de la Suprema, en la que imparte órdenes en relación con las manifestaciones es muy preocupante.
Dice que hay un uso “equivocado” de la fuerza por parte del Esmad frente “a quienes desean manifestarse pacíficamente”. Falso. El Esmad no interviene en protestas pacíficas. Lo hace cuando hay derivas violentas y actos de vandalismo o cuando es atacada.
Según la Corte, “se infiere [...] por la comprobación de lesiones físicas a manifestantes“ que la Policía no sabe “usar, de forma racional y moderada, las armas” y “genera un temor fundado para quienes desean manifestarse pacíficamente”.
También falso. De las lesiones en manifestantes no puede inferirse que sean causadas por la Policía. En muchas protestas hay infiltración de violentos que usan armas. Y aún si probara que las lesiones fueron ocasionadas por la Policía, no es posible deducir que hay culpa. Si fueron necesarias para proteger vida, integridad y bienes de los ciudadanos o de los mismos policías, estarán justificadas siempre que la fuerza usada haya sido proporcional.
Lo más grave, la tutela invade las órbitas de competencia de las otras ramas del poder público. Y no procura proteger derechos y libertades sino proyectar la ideología de los magistrados. Es otra manifestación de la expansión incontrolada de la función jurisdiccional a la política y de la politización de la justicia.
No es gratuito que en una democracia las decisiones políticas y de conveniencia le correspondan al Congreso y al Presidente. Parlamentarios y Jefe de Estado tienen una legitimidad democrática y una representación política fundada en el voto que no tienen los jueces.
Además, el ejercicio legislativo permite que las voces más diversas participen en el debate, abierto y público, y las conclusiones reflejan las mayorías. Presidente y congresistas están sujetos al control político que hacen la ciudadanía y sus decisiones son susceptibles de ser revisadas judicialmente para asegurar que se ajusten a la Constitución y la ley.
En cambio, los magistrados de las cortes se eligen entre ellos, son apenas unos muy pocos, no representan a nadie, discuten a puerta cerrada, sus decisiones no tienen control alguno y no le rinden cuentas a nadie.
Con semejante poder, las cortes deberían ser especialmente cuidadosas en el ejercicio de sus funciones y nunca extralimitarse. Cuando hacen política y cuando invaden las competencias de Congreso y Presidencia no solo no defienden el estado de derecho sino que amenazan y erosionan la democracia. El gobierno de los jueces no es otra cosa que la dictadura judicial.
