jueves 11 de julio de 2019 - 12:00 AM

El ritel

vivir en un edificio o conjunto requiere de obligaciones económicas para lograr el bien de la comunidad
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Columna de
Ramiro Serrano

El RITEL (Reglamento para redes internas de telecomunicaciones) empieza a operar a partir del 2 de enero de 2020 para aquellas licencias urbanísticas expedidas en propiedad horizontal a partir de dicha fecha. Esta obligación consiste en establecer condiciones y características de infraestructura para el soporte de la red de telecomunicaciones y la red de televisión digital terrestre (TDT) en una vivienda que corresponda al régimen de propiedad horizontal.

Esta reglamentación que surgió a partir del anterior plan de desarrollo, para nuestro concepto, tiene algunas condiciones que son necesarias analizar: 1) En las viviendas VIS y VIP van a generar unos sobrecostos que con los topes de financiamiento por parte del Gobierno Nacional van a llevar al desestímulo en la construcción de dichos proyectos o el riesgo de desmejorar la calidad de la vivienda por cumplir con el requisito económico de venta. 2) Aunque hoy no es obligatorio para viviendas licenciadas con anterioridad al 2 de enero de 2020, este se va a convertir a corto plazo en una obligación de actualización por parte de dichos edificios para que las empresas de servicios de telecomunicaciones presten el servicio. 3) El mantenimiento y conservación de dichas redes generará un sobrecosto en las expensas comunes de administración de la copropiedad. 4) Las certificaciones para la entrega de dichas redes internas generarán otro sobrecosto: para el constructor y el consumidor inmobiliario. 5) Las empresas que comercializan televisión digital se verían afectadas, ya que por el internet y hoy por la inclusión dentro de los sistemas de la televisión digital terrestre (TDT) su demanda sería reducida.

Estas obligaciones son propias de la modernidad urbanística y del intento del Estado de establecer una vivienda digna y equitativa en servicios básicos para todos los colombianos y obliga a los administradores de propiedad horizontal a tener conocimiento de dichas instalaciones para su mantenimiento y a los copropietarios la obligación de ajustar sus presupuestos a este nuevo requerimiento legal y urbanístico, haciéndose consciente que vivir en un edificio o conjunto requiere de obligaciones económicas para lograr el bien de la comunidad llamada: “Propiedad Horizontal”.

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